El dictador Nicolás Maduro, está transformando su gobierno en un Estado represor y criminal perseguidor de los ciudadanos que exigen elecciones para poder votar un retorno a la libertad y democracia, tras años de gobierno  chavista.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, informó que su despacho ha registrado e investigado 30 casos de víctimas mortales en las manifestaciones contra el Gobierno, luego de tres semanas de protestas.

La fiscal señaló que a una lista preliminar de 26 muertos, se sumaron cuatro más entre el lunes y este martes, sobre los cuales prometió hacer justicia y aplicar castigo a los responsables.

“Entre ayer y la madrugada de hoy tenemos cuatro fallecidos más de los 26. Apenas estamos comenzando las investigaciones”, dijo en una declaración en la Fiscalía en Caracas.

Agregó que el saldo de tres semanas de protestas incluye 437 heridos y mil 285 detenidos. Al respecto, llamó a los dirigentes políticos a bajar el tono de la confrontación, ya que “nadie quiere una guerra civil”.

“La Fiscalía tiene mucho que investigar sobre estos homicidios”, señaló y añadió que sobre los detenidos, la Fiscalía pidió la liberación de varios de ellos, debido a que las actas policiales no tenían relación de lo ocurrido.

“Lamento mucho la muerte de 26 personas. Cuatro adolescentes y 22 adultos. Siempre la muerte de una persona es lamentable. Estamos trabajando para que se sancione a los responsables”, expuso.

Ortega indicó que las investigaciones incluyen lo ocurrido en el barrio popular de El Valle, en el suroeste de Caracas, donde el jueves pasado murieron 11 personas, incluyendo a ocho electrocutadas, en medio del intento de saqueo de una panadería.

En ese lugar tuvo que ser evacuado un hospital infantil que fue afectado por gases lacrimógenos.

“Es imposible que estemos de acuerdo con acciones delictivas, no se pueden apoyar. En un país que se encuentra pasando una situación como la de ahora no se pueden promover discursos de odio y mucho menos descalificar a quienes piensen distinto. Nadie quiere una guerra civil”, insistió.

La fiscal dijo que el país necesita seguridad jurídica para sancionar a quienes cometan delitos.
“Nadie desea un escenario de confrontación bélica. La paz no se decreta, se construye con acciones y en Venezuela debemos dejarnos de ver como enemigos. Tenemos que terminar con las diferencias políticas”, alegó.