Este lunes las calles de Caracas volvieron a agitarse después de que efectivos de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) y de la Policía Nacional impidieran el paso de una marcha convocada por estudiantes que exigían la liberación de once jóvenes detenidos el jueves pasado.

Cientos de manifestantes salieron del este de Caracas con la intención de llegar a la sede de la Nunciatura Apostólica ubicada en el municipio Libertador, en el centro de la ciudad, donde el Gobierno local negó el permiso para que se produjera la movilización obstaculizando el paso con los policías.

Tras no poder marchar, se produjeron enfrentamientos entre grupos de jóvenes encapuchados y efectivos policiales, que respondieron con gases y realizaron varias detenciones de las que aún no se ha informado oficialmente.

El dirigente estudiantil Juan Requesens, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), informó de la detención de al menos tres jóvenes en esos enfrentamientos.

Requesens dio la información tras una rueda de prensa que ofreció junto a la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, para exigir la liberación de once jóvenes que permanecen detenidos desde el jueves, cuando la Policía desalojó cuatro campamentos de manifestantes en un operativo en el que fueron apresadas 243 personas.

“Nosotros vamos a seguir en la calle por estos nuevos compañeros detenidos y todos los que son víctimas del abuso de poder por parte del Gobierno nacional”, dijo Requesens que aseguró que “el movimiento estudiantil tendrá una nueva agenda” de protestas y convocó a una marcha para el miércoles.

García Arocha también exigió “la liberación inmediata” de los estudiantes, “de todos sin excepción alguna”.

La nueva movilización que organizan los estudiantes para el próximo día 14 irá desde la Plaza Brión, la misma en la que se concentraron hoy, hasta la Fiscalía venezolana en el municipio Libertador de Caracas.

En las últimas semanas, el Gobierno ha reiterado que no permitirá marchas por el centro y oeste de Caracas que corresponde al municipio Libertador que es gobernado por el chavismo, alegando que son violentas.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió el pasado 24 de abril un polémico fallo interpretando el artículo de la Constitución que prevé la libertad de manifestación y estableciendo que ese derecho se debe ejercer obteniendo una autorización de la autoridad administrativa local.

Las protestas antigubernamentales se han sucedido durante los últimos tres meses en su mayor parte de manera pacífica, aunque incidentes violentos han dejado un saldo de 42 muertos, el último de los cuales el mismo día del desalojo de los campamentos, y más de 800 heridos.

Las nuevas convocatorias llegan mientras se aguarda el inicio de una nueva ronda del diálogo entre Gobierno y oposición, algo que, según indicó hoy la canciller colombiana, María Ángela Holguín, quien participa como parte del grupo de acompañantes de buena fe en esas reuniones, se producirá el próximo jueves.

Mientras, cientos de trabajadores del Sindicato del Metro de Caracas marcharon hoy por el centro y oeste de la ciudad hasta la sede de la Fiscalía y el Supremo donde presentaron un amparo contra el gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles, y los alcaldes opositores de la zona metropolitana de Caracas.

El recurso contra los opositores fue introducido, indicaron los trabajadores, por los ataques contra instalaciones y unidades de transporte público en el marco de las protestas contra el Gobierno.

El presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas, Edison Alvarado, presentó el amparo ante lo que considera un “estado de ingobernabilidad” en las zonas administradas por la oposición, denunciando que ha habido más de 200 heridos, y casi un centenar de unidades de transporte atacadas y 10 estaciones.

La Sala Constitucional del TSJ declaró hoy también improcedente el recurso presentado por la opositora María Corina Machado contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por declarar la pérdida de su investidura parlamentaria sin el debido proceso.

Cabello anunció el 24 de marzo que Machado había perdido su condición de parlamentaria tras intentar intervenir en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) como parte de la delegación de Panamá para denunciar la situación de vulneración de los derechos, que, según defiende, vive Venezuela.