El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela rechazó un nuevo documento de la Corte Suprema de Chile, mediante el cual solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interceder a favor de opositores apresados.

El TSJ calificó en un comunicado de “arbitraria e inusitada” la actuación de la entidad chilena, al tiempo que la consideró como una “nueva afrenta” en contra del país sudamericano y su sistema de justicia.

“La supuesta intención de la Corte Suprema de Chile de proteger los derechos humanos de dos venezolanos condenados en primera instancia por los delitos (…) imputados por el Ministerio Público (…) contradice los principios que están en la base de los derechos que paradójicamente intentan proteger”, señaló.

El texto de la instancia judicial chilena guarda relación con otro emitido el pasado 18 de noviembre que cuestiona las decisiones tomadas por el poder Judicial venezolano respecto al encarcelamiento de los opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos.

En dicha misiva, se instaba a la Organización de los Estados Americanos (OEA) actuar en defensa de los procesados, a quienes se halló culpables de los hechos violentos registrados en 2014 en el país sudamericano con saldo de 43 fallecidos, según cifras oficiales.

El órgano venezolano niega lo sugerido por la institución chilena respecto a una presunta violación de los derechos humanos de López y Ceballos, aludiendo al apego estricto de la justicia a la condición garantista de la protección de éstos por parte del Estado.

El nuevo documento de la Corte Suprema deja sin efecto un recurso interpuesto el mes pasado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que buscaba anular su acción de intervenir en el caso de los opositores venezolanos.

La instancia nacional señala que el comportamiento de la Corte Suprema de Chile viola “el orden jurídico internacional, (y) vulnera nuevamente los principios de no intervención, autonomía, igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos”.

El ex dirigente del partido opositor Voluntad Popular (Leopoldo López) y el ex alcalde de San Cristóbal en el estado occidental de Táchira (Daniel Ceballos) son procesados por su vinculación al plan “La Salida” para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

De acuerdo con la acusación, los dirigentes opositores encabezaron protestas violentas y acciones desestabilizadoras que llevaron a la muerte de 43 personas y más de 800 heridos, además de daños a propiedad pública y privada por 10.000 millones de dólares.

López, quien está acusado de liderar el plan “La Salida”, cumple una pena de 13 años 9 meses 7 días de prisión en la cárcel militar de Ramo Verde ubicada a las afueras de la ciudad de Caracas (capital).