Sergio Muñoz, que asume la presidencia de la Suprema el 6 de enero, fue el único voto disidente en la resolución, acusando a la entonces mandataria de no prevenir ni tomar medidas oportunas ante los hechos delictuales.

“La autoridad civil tenía el deber de adoptar de manera inmediata el máximo de medidas extraordinarias a fin de superar los efectos de esos hechos excepcionales, para lo cual debía hacer uso de sus facultades de dirección y coordinación de los servicios públicos, como, además, ciertamente tener presente la posible comisión de hechos delictuales”, indica el ministro.

Agrega que no obstante se dictó oportunamente un decreto que señalaba como zona afecta a la región del Bío Bío, “éste contiene una omisión significativa: no se dispuso perentoriamente que las Fuerzas Armadas participaran en las actividades propias de colaboración que le facultaba la Ley N° 16.282″.

“Dicha omisión importa un defectuoso funcionamiento del servicio”, explica Muñoz, lamentando que en cambio se adoptaron “medidas insuficientes que no fueron capaces de resistir ni previeron la presión ejercida por personas en condiciones de caos, que produjeron la afectación de los bienes de los actores”.