En una semana marcada por la aplicación de alzas de precio a los planes de 2,3 millones de personas y los congelamientos de valores de pólizas que emprendió la Superintendencia de Salud, por primera vez, el presidente de la Asociación de Isapres, Hernán Doren, analiza el contexto político, judicial y económico que enfrenta el sistema privado, al que adscriben 3,3 millones de chilenos.

El timonel de las aseguradoras dice que las condiciones actuales no pueden perpetuarse, pues arriesgan la subsistencia del sistema. Con todo, admite que la concreción de la anunciada reforma −cuyo diseño está en manos de una comisión técnica mandatada por la Presidenta Michelle Bachelet− es compleja, considerando el debate que hoy generan las modificaciones al sistema tributario y al modelo de educación. El sector, sin embargo, presentó su propia propuesta: un plan base de salud, sin preexistencias y con externalización de las licencias médicas, admitiendo que el escenario político es menos favorable que en el gobierno pasado.

La Superintendencia de Salud comenzó la tarea de revisar casos de las alzas en los planes. ¿Qué piensa de eso?  

Supongo que el superintendente, cumpliendo su labor, va a hacer un análisis para arbitrar si corresponde o no el alza. El no puede decir que va a congelar todos los planes. Supongo que él, como autoridad técnica y no política, va a dictaminar en qué casos se da o no. Hay una frase que plantea que “hay que dejar que las instituciones funcionen”, pero un estudio de la superintendencia, de abril de este año, dice que el alza de costos del sistema es de 5%. Entonces, todo lo que hace un organismo técnico en un período está bueno y en otro está mal. Las instituciones técnicas tienen vigencia en el tiempo.

Pero fueron los tribunales los que se pronunciaron reiteradamente sobre estos casos. 

Sucedió sin que se haya ido al fondo del tema. Y el fondo dice que si el legislador dejó establecida en la ley la posibilidad de que los planes se reajusten una vez al año, el legislador tenía claro que los costos en salud podían variar.

La superintendencia dice que los ajustes deben ser excepcionales. 

Hay que ver cómo han crecido los costos en el tiempo. Además, la superintendencia tiene todos los antecedentes entregados por las isapres y los elementos de qué ha habido en las alzas de costos por persona. La pregunta es qué nivel de salud queremos en Chile y cómo lo financiamos. Pero el voluntarismo y las antiojeras intelectuales no conducen a nada. En las distintas instancias que está hoy el sistema, perfectamente puede colapsar, y me gustaría que les preguntaran a 3,2 millones de personas qué opinan de que se acabe el sistema.

Las isapres no han podido justificar el alza de costos, pero la Ocde y la OMS dicen que van en alza… 

Las cortes fallan según la esencia del recurso de protección, pero no sobre el fondo. Vuelvo a tocar el punto: qué va a pasar con el sistema si lo agobian hasta el infinito. La gente reclama porque no le gusta lo que tiene que pagar, pero nadie se queja de oportunidad ni calidad de atención.

¿Cree que hay un sesgo ideológico en este debate? 

Mucha gente tiene una visión humanamente fácil de entender y compartir, que es buscar solución a los problemas de salud de todas las personas. Pero el segundo problema es cómo lo financiamos.

En la comisión se ha planteado crear un gran Fonasa que reemplace a las isapres. En este gobierno también se ha detenido la concesión de hospitales. ¿Ve el escenario más complejo que en el gobierno anterior?

Indudablemente que es más complejo el escenario hoy. Porque hay una carga ideológica muy fuerte. Y hoy el contrapeso no existe. La vez pasada, quien lideraba esto era el gobierno anterior y tenía el contrapeso de las otras partes. Yo lo único que espero es que, sea cual sea la definición final de la comisión y lo que sea el proyecto de ley, que sea realizable, factible y que satisfaga a la mayor cantidad de gente del país, porque supongo que ese es el tema y no quién entrega el servicio.

¿Ve usted viable que se apruebe la reforma en este gobierno, tomando en cuenta los proyectos tributario y educacional? 

Lo veo muy difícil, porque los tres temas son de extrema complejidad. En dos de ellos, como son educación y salud, llegar a estándares mejores a los que hoy día hay requiere cifras que en estos presupuestos son muy grandes. Se está hablando del orden de US$ 8 mil millones para educación, y si queremos en Fonasa un estándar de salud similar al que tienen los afiliados de isapres hoy, hay que poner otros US$ 8 mil millones.

Ustedes proponen crear un plan de salud, cambios en las licencias médicas y cuentas de ahorro, proyecto parecido al que se discutió en el Congreso en 2013.

Se planteó en la comisión de expertos la idea de un plan garantizado, que se compra con el 7% de salud o con lo que la gente disponga, con grados de cobertura razonables. Incluiría las prestaciones del Plan Auge, la cobertura de enfermedades catastróficas, un fondo de compensación para la libre movilidad de afiliados, un fondo preventivo que estamos proponiendo, y para quienes requieran una cobertura mayor, la posibilidad de seguros complementarios.

¿Esta propuesta se hace cargo de los problemas en el sector? 

En términos generales, sí. Porque también se establece un sistema para adecuar los precios, de manera que habría un análisis de cada isapre que sería hecho por un organismo ad hoc, que autorizaría las adecuaciones de planes. La comparación de planes va a ser elemental, porque va a haber un plan común para todos, el tema de la cautividad desaparece y las licencias médicas son administradas por una entidad externa. Realmente, el único tema sería el precio.

¿Por qué no impulsaron los cambios antes?  

La reforma anterior demoró más de cinco años. ¿Es bueno esperar tanto y que no podamos avanzar? La propuesta que hemos hecho en cuanto a traspasar a personas cautivas es una  falencia del sistema y por distintas razones no había sido posible.

Información de LaTercera.