La “depuración” de funcionarios comenzó en Turquía tras el golpe de Estado fallido al gobierno que encabeza Recep Tayyip Erdogan.

Más de 45.000 personas han sido quitadas de sus funciones, varias de ellas detenidas y una centena está bajo investigación por supuestos vínculos con Fetulá Gülen, a quien Ankara acusa de estar tras el fallido golpe en el que murieron al menos 232 personas.

Han sido suspendidos 15.000 funcionarios del Ministerio de Educación y 8.777 del Ministerio del Interior. 7.850 oficiales de policía fueron despedidos, al igual que 2.745 jueces, 492 funcionarios religiosos y 257 integrantes de la oficina del primer ministro, Binali Yıldırım

Renunciaron 1.577 decanos de universidades turcas, mientras que 370 funcionarios de la Corporación Turca de radio y Televisión están siendo investigados.

También fueron relevados de sus cargos 1.500 funcionarios del Ministerio de Economía, 614 soldados de Gendarmería, 47 gobernadores de distritos y 17 gobernadores provinciales.

Además, se encuentran detenidos 6.000 soldados y 103 generales o almirantes.

Religión

La presidencia turca para los Asuntos Religiosos (Diyanet), máxima autoridad islámica que depende del Estado, anunció haber despedido a 492 empleados, entre ellos imanes y docentes de religión.

Diyanet también anunció que no permitirá la realización de funerales islámicos para los golpistas muertos.

Turquía se comprometió este martes a eliminar de raíz a los aliados de Gülen, que vive en Estados Unidos, dijo que había enviado a Washington evidencias sobre su accionar y el gobierno ha pedido en varios discursos la extradición del clérigo

Gülen ha negado estar involucrado en el intento de golpe y sugirió que Erdogan lo organizó como una excusa para aplicar una campaña de represión.

El primer ministro Binali Yildirim acusó a Washington, que dijo que sólo consideraría la extradición si le proveen evidencia clara, de tener un doble estándar en su lucha contra el terrorismo.

Yildirim dijo que el Ministerio de Justicia había enviado un expediente a las autoridades estadounidenses sobre Gulen, un ex aliado de Erdogan cuyo movimiento religioso fusiona valores conservadores e islámicos con una perspectiva pro-Occidental y que tiene una red de seguidores dentro de Turquía.

“Tenemos evidencia más que suficiente (…) sobre Gulen”, dijo el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, a periodistas fuera del Parlamento. “No hay necesidad de probar el intento de golpe de Estado, toda la evidencia muestra que el intento de golpe estuvo organizado bajo su voluntad y sus órdenes”.

Las medidas tomadas posteriormente y los llamados a reincorporar la pena de muerte para los conspiradores ha movido a los aliados occidentales a pedir a Ankara que respete la ley en el país. Turquía es un miembro de la OTAN que lidia con el caos en su vecina Siria y su cooperación en la lucha contra Estado Islámico es crucial para Washington.

Ankara dice que los seguidores de Gulen, quien vive en un complejo en las montañas de Pocono, en la rural Pensilvania, han infiltrado instituciones turcas y que conduciendo un “estado paralelo”.