Después de un lunes muy largo, en el que la audiencia preliminar de Leopoldo López duró más de 11 horas, ayer el ex líder de Voluntad Popular volvió a presentarse en el Palacio de Justicia de Caracas. Durante la sesión, el tribunal –controlado por el chavismo– debía pronunciarse sobre si el opositor iba a juicio o quedaban en libertad. Cristian Holdack y Marco Aurelio Coello, detenidos en la marcha del 12 de febrero en los alrededores de la Fiscalía, también estuvieron sentados en el banquillo.

En cualquier caso y aunque la Fiscalía no aportó pruebas concluyentes, los abogados de López adelantaron a LA RAZÓN que era poco probable que López quedara en libertad, al tratarse de una detención por razones políticas y no legales. La defensa también aclaró que la libertad condicional podría ser denegada, ante el riesgo de fuga alegado por la acusación. Además, asegura que los cargos que se le quieren imputar se basan únicamente en las declaraciones que hizo el propio López el día de la manifestación y no en hechos concretos.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez denunció que a López se le mantenga confinado en la cárcel de Ramo Verde, sin contacto con otros presos, aislado y sometido a reglamentos castrenses que violan sus derechos. «A Leopoldo se le castiga en proceso, se le prohíben las visitas, sólo entra la familia cercana y sus abogados, y se le intercepta la correspondencia», dijo.

Durante la audiencia, a la que la Prensa no tuvo acceso, la fiscalía general y la defensa presentaron sus alegatos. Ante la jueza, López expresó que «sólo en una dictadura decir que hay inseguridad, escasez y miles de razones para protestar es un delito». «Prefiero explicarle a mis hijos por qué estoy preso que explicarles por qué no tienen país», agregó.

Entre los alegatos contra López, la fiscalía presentó 120 evidencias y 76 testigos, de los cuales 54 son policías judiciales y 15 son funcionarios de seguridad, según reveló la defensa del opositor. El ex líder de Voluntad Popular enfrenta cargos por incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir durante las manifestaciones que estudiantiles que estallaron hace cuatro meses contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El día 18 de febrero, dos marchas, una convocada por López y otra por estudiantes, se manifestaron de forma pacífica por Caracas, pero a su término un grupo de encapuchados atacó el edificio de la Fiscalía y vehículos de la Policía, lo que degeneró en enfrentamientos que se cobraron tres muertos y decenas de heridos. Esos incidentes fueron la espoleta para las protestas que durante semanas se repitieron en el país contra el Gobierno y que han dejado 42 muertos y cientos de heridos.