El presidente Mauricio Macri fue imputado por el fiscal federal Federico Delgado por no haber detallado en sus declaraciones juradas dos sociedades offshore, que quedaron al descubierto tras la difusión de los Panamá Papers, que filtraron documentos de paraísos fiscales. El jefe del Estado anunció luego que pedirá una acción declarativa de certeza en la Justicia para que se “verifique” que dijo “la verdad” en sus declaraciones juradas (ver aparte).

Ante el juez federal Sebastián Casanello, Delgado recogió la denuncia del diputado nacional neuquino del Frente para la Victoria Norman Darío Martínez, quien pidió investigar la participación de Macri en las firmas Fleg Tradin LTD, radicada en las Islas Bahamas desde el año 1998, y Kagemusha SA, de Panamá.

La acusación contra el jefe de Estado apunta a determinar si el armado de esas sociedades fue para “eludir impuestos o lavar dinero proveniente de actividades ilícitas”. Sobre esas empresas, el Presidente aseguró que eran propiedad de su padre, Franco Macri, y explicó que no las declaró porque no tenía activos, ya que su participación fue “circunstancial”, debido al lazo familiar.

“La labor del sistema judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá que determinar, como primer paso, si el Señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada”, resaltó Delgado.

El fiscal federal recordó que el artículo 268 del Código Penal establece la pena de hasta dos años e inhabilitación especial perpetua para el que “maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.

“Como primer paso hay que chequear si Mauricio Macri con intención y voluntad omitió no declarar esa participación societaria que le atribuye el denunciante”, advirtió Delgado, quien dio el paso inicial al reclamar la apertura de una investigación, en manos de Casanello.

En ese sentido, la Fiscalía pidió investigar la denominada “vida social” de las empresas atribuidas a Macri y si bien reconoce que “ya hubo aclaraciones públicas” por parte del Poder Ejecutivo, advirtió que “el trabajo judicial es determinarlo”.

Delgado reclamó que como medida de prueba “se obtengan los textos pertinentes de la agrupación de periodistas que dio a conocer los hechos” y se “requiera a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) las declaraciones juradas de Mauricio Macri”. A la vez, pidió que la Afip “detalle la dinámica tributaria y especifique qué sujetos están obligados a declarar su participación en sociedades offshore”.

También, reclamó a la Oficina Anticorrupción (OA) y a las Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, “sobre el alcance de la obligación de declarar sociedades de esta naturaleza, a la luz de la ley de ética pública”.

Ahora es Casanello quien determinará si abre una investigación y lleva adelante las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía a cargo de Delgado.

Las sociedades offshore en las que Macri tiene participación fueron revelaciones a partir de la investigación conocida como Panamá Papers, que realizó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

La investigación, que reunió a varios países y periodistas de distintas naciones, implica al estudio Mossack Fonseca el cual se especializó en inscribir sociedades offshore y en donde aparecían varios líderes mundiales y personas del espectáculo y del sector empresario.

En tanto, el diputado nacional del Frente para la Victoria Darío Martínez, denunciante en la causa, afirmó que “hay elementos suficientes” para que el presidente “explique ante la Justicia” su situación.

El presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, pidió que el presidente Mauricio Macri aclare cuál fue su real participación en empresas fantasmas constituidas en un paraíso fiscal. Dijo que compañías de esas características se crean para evadir impuestos o tener dinero no declarado. Además criticó las medidas económicas nacionales porque en solo tres meses de gestión hay 1.350.000 pobres más en el país.

“Siempre es necesario que la Justicia actúe si hay casos de irregularidades” y si hay personas que cometieron ilícitos que tengan “la sanción que corresponde”, dijo. Y manifiestó que ningún santafesino que tiene un negocio de barrio o una pequeña o mediana industria tiene la necesidad de constituir una firma offshore.

“Entonces el presidente de la Nación para qué la tiene (a la empresa fantasma), por qué alguien inscribe una sociedad en un paraíso fiscal-. Hablar de un paraíso fiscal es estar pensando, en eludir impuestos, tener dinero no declarado, con lo cual si no hay una ilegalidad al menos hay un principio ético que se ha violado. Los políticos no debemos tener ni violaciones éticas, ni morales, ni mucho menos ilegales”, amplió..

El ex gobernador pidió al presidente que “rinda cuentas” sobre su proceder y remarcó que en más de 30 años de democracia el PS no tiene hechos de corrupción en la función pública. “(Macri) A los primeros que debe explicar lo que hizo, es a la sociedad argentina; más allá de que si la compañía offshore se utiliza o no se utiliza, porque si no se usó, por algo se la inscribió en un paraíso fiscal”, indicó el ex titular de la Casa Gris.