Al igual que con el futuro de los grandes proyectos de inversión en Energía y Minería y con la salud financiera de las Isapres, los tribunales de justicia chilenos se instalaron esta vez en el corazón del Caso Cascadas.

En los últimos años, los tribunales les han puesto la lápida a proyectos como la Central Castilla y han impedido alzas de precios en las aseguradoras de salud. Esta vez, el afectado es el Estado en su rol fiscalizador y sancionatorio.

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) inició hace ya diez meses el proceso sancionatorio contra Julio Ponce, Roberto Guzmán, Aldo Motta y Patricio Contesse y formuló nuevos cargos a fines de enero de 2014 a Leonidas Vial, LarrainVial y ejecutivos de la misma corredora, entre otros, todos en el marco del llamado Caso Cascadas.

Las acusaciones de la autoridad apuntan a operaciones con acciones de sociedades cascadas que conforman la cadena de control de SQM, que serían parte de un esquema de transacciones ideado por el presidente de SQM, Julio Ponce Lerou.

Pero los tribunales interrumpieron el proceso y su acción amenaza con dejar sin sanción a los acusados.

El 11 de junio pasado, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por Manuel Antonio Valderrama, acogió un recurso de ilegalidad presentado por los abogados de Roberto Guzmán, contra la resolución de la SVS de obligarle a informar los hechos sobre los cuales rendirá prueba y los medios que usará para ello. El tribunal de alzada acogió la solicitud de orden de no innovar y detuvo el proceso.

La decisión abrió un flanco de dudas sobre el particular, pues la SVS dijo –en enero de 2014 y abril pasado– que para respetar el debido proceso debían realizarse en forma simultánea los términos probatorios de todos los acusados involucrados en el presunto esquema.

Sin embargo, el 13 de junio, dos días después de la resolución de la Corte, la SVS ofició en forma reservada el inicio del probatorio a Ponce. De hecho, mañana empezaría el procedimiento de Aldo Motta.

Con esta decisión el probatorio de Ponce concluiría en la última semana de julio, cumpliéndose así una etapa clave en el proceso que la SVS deberá concluir decidiendo si sanciona o absuelve.

Ponce, a través de sus abogados Raimundo Labarca y Jorge Bofill, reclamó de ilegalidad ante la Corte por dicha resolución de la SVS, debido a que no hubo inicio de probatorio simultáneo. Ponce no había recurrido a tribunales contra la resolución de la SVS que fue reclamada por Guzmán.

Pero la Corte le dio un portazo en la cara al empresario al declarar inadmisible el recurso, asegurando que el oficio de la SVS no se encuentra en ninguna de las hipótesis descritas en el artículo 46 del DL 3.538 (Ley Orgánica de la SVS), pues se trata de un acto intermedio de la administración que no contiene decisión alguna en los términos descritos en el artículo 3 de la Ley 19.880.

Esta decisión de la Corte fue tomada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones –que también presidió Manuel Valderrama–, resolución que fue tomada por mayoría, por cuanto el abogado integrante Pablo Herrera opinó que debía declararse admisible.

Un abogado cercano al caso considera contradictoria la decisión de la Corte y otro profesional la califica como “curiosa”, aunque advierte que se trata de resoluciones de la SVS distintas. Eso sí, expertos que conocen del caso dicen que ambas resoluciones no deberían ser reclamadas y menos ser sujetas a una orden de no innovar.

Otro abogado advierte que la Corte detectó la intención de Ponce de subirse al carro de Guzmán. Sin embargo, señala que Ponce se equivocó al reclamar contra una resolución de mero trámite, la que no tiene ninguna posibilidad de ser acogida con orden de no innovar.

No obstante, la intención de los abogados de Ponce –aseguran–, a sabiendas de que sería rechazada, deja claras las intenciones de dilatar el caso.

NUEVAS MEDIDAS PROBATORIAS

La defensa de Ponce seguirá incidentando. Dicen que tienen más acciones legales por usar y que esperan una resolución de la SVS que determine el inicio simultáneo de las etapas probatorias de los acusados, aunque dicha fase ya comenzó con el oficio del 13 de junio pasado.

Según fuentes cercanas al proceso, la actitud de los abogados de Ponce no hace más que evidenciar que el empresario no bregará respecto al fondo en el caso y que tiene las fichas puestas en pelear las formas de los cargos para evitar, de ese modo, tener que defender el fondo de las acusaciones.

LA SOMBRA DE FERNANDO COLOMA

La actitud de Ponce fue atacada el viernes por el ex titular de la SVS Fernando Coloma, nombre clave en el caso, pues fue quien inició la investigación y quien formuló todos los cargos.

Coloma indicó que el nivel en que se ha incidentado el caso por parte de Ponce es inédito y que, con ello, sólo se busca impedir que la SVS realice su labor, agregando que dichas acciones no se justifican.

Ayer, los abogados de Ponce respondieron a Coloma a través de una carta a El Mercurio que titularon “El mundo de Coloma”.

En ella aseguran que sólo están usando su derecho a la defensa y que el reclamo de Coloma “sólo deja de manifiesto que desconoce en su esencia lo que es un Estado de derecho”.

De paso, le devolvieron el ataque indicando que no buscan dilatar el proceso, más aun en un caso como éste, “en el cual, por razones que sólo el ex superintendente puede explicar, formuló cargos respecto de operaciones bursátiles realizadas muchos años antes y justo cuando le quedaban seis meses en el cargo”.