El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina esperará en la prisión de un cuartel militar hasta que un juez determine, en diciembre próximo, si existen motivos para enjuiciarlo por un caso de corrupción aduanera, decretó l martes el Juzgado B de Mayor Riesgo.

El titular del juzgado, juez Miguel Ángel Gálvez, resolvió el martes dejar al imputado en prisión preventiva mientras el Ministerio Público (Fiscalía) concluye con las investigaciones en un plazo de algo más tres meses, que vence el próximo 7 de diciembre.

Será el 21 de diciembre próximo cuando se inicie la audiencia en la que se determinará si hay motivos suficientes para enjuiciar a Pérez Molina, quien renunció la semana pasada a la Presidencia de Guatemala para enfrentar a la Justicia por el caso “La Línea”.

El expresidente, acusado por la Fiscalía de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo, escuchó con incredulidad la decisión judicial que puso fin a tres días de audiencia, en las que negó estar implicado en la red de fraude aduanero.

Pero antes de abandonar la Torre de Tribunales en dirección a la cárcel, la misma en la cumplía “prisión provisional” desde el jueves pasado, el expresidente criticó el papel de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en su proceso y en la Justicia en general.

“Si hay cortes amedrentadas, si hay jueces amedrentados por la presión que les ejerce la Cicig como un ente supranacional, eso verdaderamente es una frustración”, declaró el expresidente.

A su entender, el ente creado por la ONU en 2007 responde a intereses internacionales y no nacionales.

“Si esto me está pasando a mí como presidente, ¿qué le puede pasar a otro guatemalteco?”, cuestionó el exmandatario, quien no dudó en criticar al juez y a la acusación de haberlo enviado a prisión sin tener pruebas sólidas en su contra, solo “pláticas” y referencias de terceros.

Dijo sentirse “frustrado” con la Justicia de Guatemala y volvió a defender su inocencia.

“No he evadido nada. He dado la cara en todo. No he participado en ninguna estructura criminal. Me siento tranquilo. Confío en que esto tiene que aclararse”, declaró.

Durante la audiencia, el juez rechazó la petición del abogado defensor César Calderón, de dejar en arresto domiciliario a Pérez Molina mientras concluyen las investigaciones, debido a que uno de los delitos que se le imputan, el de asociación ilícita, no goza de ninguna medida sustitutiva.

“Este órgano considera que el peligro de fuga y obstaculización a la verdad no está superado”, dijo Gálvez.

Explicó que su decisión se basa en que existe peligro de fuga y de obstrucción a la averiguación de la verdad en el proceso abierto al general retirado, de 64 años, máxime por el cargo que ocupó de presidente de la República.

Gálvez agregó que el peligro de que Pérez Molina pueda destruir, ocultar o modificar pruebas existe porque aún falta que se capture a por lo menos 14 integrantes de la red de defraudación aduanera.

No obstante, reiteró que esta medida es cautelar y no definitiva.

En un intento por revertir la decisión, Calderón recurrió al principio de libertad y proporcionó al juez dos pasaportes diplomáticos y uno ordinario de Pérez Molina.

Además dijo que la prisión preventiva es una “sentencia adelantada” que viola la presunción de inocencia.

La trama de corrupción “La Línea” fue desmantelada el pasado 16 de abril por el Ministerio Público y la Cicig, y hay cerca de una treintena de personas detenidas por el caso y ligadas a proceso, entre ellas la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, la red operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria e ingresó más de 1.500 contenedores de manera ilegal al país para cobrarle los impuestos a los importadores y defraudar al Estado.

EFE