Entre ellas destaca la prohibición para ser ejecutivo o director simultáneamente de dos o más empresas que compiten.

Más de 30 modificaciones llegaron a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, 17 de ellas -agrupadas en cuatro tópicos- provenientes directamente del Gobierno. La primera precisión del Ejecutivo dijo relación con introducir como conducta anticompetitiva el hecho de que una persona participe simultáneamente en cargos ejecutivos o de director en dos o más empresas competidoras. La vigencia de esta norma partiría doce meses después de aprobada la ley.

Además, se introdujo que la Fiscalía Nacional Económica sólo podrá aprobar o rechazar operaciones de concentración. Las medidas de mitigación así serán propuestas por las partes que se fusionen y el organismo podrá aceptarlas o no.

Entre los aspectos relevantes propuestos por el Gobierno se plantea que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia mantenga la facultad de recomendar cambios de normas, sin perjuicio de que también lo tendrá ahora la FNE.

Tal como habían manifestado expertos en la materia, el Ejecutivo precisó la dimensión de las multas. Aseguró que la sanción equivalente al 30% de las ventas alcanzadas durante la colusión diga relación con la línea de productos o servicios asociada a la infracción, y no con toda la compañía. Se agregó, además, que a la hora de aplicar la sanción, el TDLC deberá considerar la capacidad económica del infractor, con la finalidad de evitar que quiebre.

Se establece también que las declaraciones ante la Fiscalía podrán tomarse por cualquier medio que garantice su fidelidad. Respecto de la delación compensada, se incorpora la posibilidad de que el organismo autorice expresamente la divulgación de la solicitud, con miras a colaborar con agencias extranjeras en casos de carteles internacionales.

No sólo el Ejecutivo introdujo indicaciones. Evópoli, por ejemplo, solicitó que la acción penal sea supeditada a la resolución del TDLC; es decir, que primero falle el Tribunal, para que luego se pueda abrir la arista penal y evitar así juicios paralelos. Además, solicitaron mejorar la remuneración de los ministros del organismo si es que se establece la exclusividad en el ejercicio del cargo.

La Democracia Cristiana -a través de los diputados Sergio Espejo y Fuad Chaín- introdujo en torno a cinco modificaciones. Entre ellas destaca la opción de supeditar el acceso a los beneficios de la delación compensada a la indemnización de los perjuicios ocasionados por la conducta. Esto, como solución para los afectados por los hechos. Además, plantearon -a diferencia del Ejecutivo- que las multas en casos de colusión deberían calcularse a partir de las ventas totales de los agentes coludidos.

Asimismo, manifestaron que la sanción que establece la prohibición de contratar con el Estado debe revisarse, ya que se puede perjudicar al fisco, reduciendo el abanico de proveedores. Así, propusieron que en caso de empresas condenadas que trabajen con el Gobierno, se pague solo la multa, más un multiplicador entre 0,1 y 0,5.

Estas indicaciones serían analizadas en los próximos días por la Comisión de Economía. Se prevé que la votación del proyecto comience la próxima semana.

30% de las ventas obtenidas durante el período en que se desarrolló la colusión sería el máximo de la multa que deberían pagar las empresas sancionadas, según el proyecto de ley. Esto, de no poder dimensionarse el doble del beneficio obtenido.

Con información de Economía y Negocios de El Mercurio.