El Gobierno estaría evaluando implementar una polémica medida para financiar la gratuidad en la educación superior, en el marco del proyecto de ley que formará parte de la reforma educacional.

Según reveló el diario La Tercera, la iniciativa legal sobre el financiamiento de la educación ha demorado, entre otras razones, porque habría problemas con el presupuesto para concretar la gratuidad universal.

Específicamente, habrá un déficit en el presupuesto para la gratuidad en la educación superior, ya que es demasiado costosa.

Recordemos que la reforma tributaria espera recaudar 3% del PIB, del cual 2% es para educación. El problema es que la metodología, que incluye fijar aranceles universales en la Ues y poner un límite a los años que se demora un estudiante en sacar la carrera, ocuparía al menos la mitad de la totalidad de estos recursos asignados al área.

En un principio, se contemplaba ocupar sólo el 30% en educación superior, y el resto del dinero iría a los otros niveles educacionales.

Entre las soluciones que se barajan para suplir este déficit, se estaría considerando el cobrar un impuesto a los titulados.

Funcionaría de manera similar a un crédito: el alumno estudiaría gratis en educación superior, y cuando ya sea un profesional con título que labore y tenga un sueldo, tendría que pagar este impuesto durante años para retribuir al Estado.
Aún no se han definido los detalles al respecto, pero entre lo que se considera estaría descontar el impuesto sólo por una cantidad determinada de años, aunque no se pague el costo total de la carrera, y también que afecte sólo a quienes ganen los salarios más altos.

Pese a que en La Tercera acotan que desde el Mineduc desmintieron que exista el mencionado déficit, otras fuentes indicarían que una falta de cálculos adecuados complicaría a las autoridades.
Esto porque no hay claridad sobre cuántos alumnos se acogerán al régimen de gratuidad.

En ese sentido, explicaron que una de las opciones que se manejarían para reformular el sistema de educación superior, sería dividir a las universidades por categorías (por ejemplo, habría Ues clase A, B, C, D…).
Estas categorías serían definidas según los años de acreditación que tenga un recinto y la investigación que realice. Así, quienes tengan estándares más altos de calidad recibirían más aportes basales (cantidad mínima de cobertura que entregará el Fisco), en comparación con otras con menor acreditación.

Otra medida que se estaría analizando es terminar con el lucro en los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica (CFT), ya que recordemos que actualmente estos establecimientos sí pueden lucrar con la educación.

Fuente: BioBioChile