El paso de aplanadora sin dejar a nadie en pie, ha sido la llegada  polémica del nuevo Gobierno de Michelle Bachelet a La Moneda. Existen reclamos por las remociones de funcionarios que ha realizado la nueva administración en distintos cargos públicos que no son de confianza, sino técnicos. Por otra parte, la polémica agrega el nombramiento de personas cuestionadas por utilización ilegal de fondos públicos post terremoto y otros cuestionados por causas similares durante la administración Bachelet. Para no dejar de sorprender, hasta el pololo comunista cubano de Camila Vallejos, estaría asumiendo un cargo técnico en el nuevo Gobierno que al parecer comienza apegado a la ultra izquierda.

Si bien la remoción de estos cargos es una facultad que la ley le otorga al Poder Ejecutivo, por tratarse de funciones de confianza, el número y la rapidez con que se están llevando a cabo ha abierto un debate sobre los objetivos para los cuales se implementó el ADP.

Calificado como una de las mayores reformas de modernización del Estado del último tiempo, este sistema se puso en marcha en 2003, y once años después ha permitido elegir por concurso público a 1.139 cargos que se desempeñan en 232 servicios estatales.

De estos cargos, 110 corresponden al llamado “primer nivel”, es decir, jefes de servicios públicos que al mismo tiempo son de confianza del Ejecutivo.

Hasta ayer se les había pedido la renuncia a 37 de estos directivos -28 ratificados por ADP y 9 transitorios-, confirmó El Mercurio en una revisión caso a caso.

En regiones, varios directivos ni siquiera han recibido un llamado de sus nuevos superiores.

Desde la oposición, el senador Baldo Prokurica (RN) recordó que el sistema de ADP fue implementado por la administración de Ricardo Lagos “como resultado del escándalo MOP-GATE”, para que hubiese un filtro que seleccionara a los mejores para trabajar en el Estado y evite el ingreso de “cualquiera”.

Según el legislador, remover antes de tiempo a un cargo de ADP -cuyo período legal dura tres años, renovables- le cuesta al país $15 millones, que es el costo de cada proceso de selección, “que se van a la basura” por “exoneraciones políticas”.

En La Moneda, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, enfatizó que “estamos en un proceso de instalación” durante el cual se están formando equipos de trabajo, y que es “natural” que se evalúe a los funcionarios de exclusiva confianza.

“Si vamos a hablar en serio de despidos masivos de funcionarios públicos -añadió el vocero-, quien tiene que dar una explicación no es este gobierno”. Recordó que en su primer año, la administración de Sebastián Piñera removió al 63% de los cargos elegidos por ADP.

Más enérgico fue el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien acusó que “el gobierno de Piñera echó a 11.700 funcionarios públicos, incluidos los ADP”. Sostuvo que el Ejecutivo está reemplazando a todos los empleados que sea necesario para que ingresen los de la nueva administración, “y vamos a atenernos a todas las normas legales en el caso de ADP, planta y contrata. Así es que en eso no va a haber ninguna dificultad, ¡absolutamente ninguna!”.

Visión en el Consejo

El consejero de ADP Manuel Inostroza, quien había expresado su inquietud por el tema junto a las consejeras Beatriz Corbo y Loreto Lira en una carta publicada el jueves en este diario, advirtió anoche que el sistema corre el riesgo de desprestigiarse y empezar a ser visto como un concurso de mérito del gobierno de turno.

A su juicio, en un escenario donde cada sector político se culpa mutuamente por estos despidos, según esté en el gobierno o en la oposición, se instala un círculo vicioso que “alguien tiene que romper”.

Así, continuó, luego que el ADP cumpliera un importante papel evitando que llegaran a los cargos operadores políticos sin competencias técnicas, es necesario dar “un paso más”, para lo cual estima indispensable realizar reformas legales.

Sugirió dos posibles modificaciones. En primer lugar, replicar lo hecho en otros países en cuanto a dejar del total de cargos un 10% a 15% de libre disposición, según las prioridades programáticas del gobierno.