La Contraloría General de la República presentó este martes el informe final sobre la auditoría al cumplimiento de las inhabilidades de personal de la Municipalidad de San Ramón, luego que se denunciara la contratación de personas con antecedentes penales.

De acuerdo a lo comprobado por el órgano persecutor, cuatro servidores contratados por el municipio, entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019, tenían vínculos de parentesco con funcionarios que ocuparon cargos de directivo, jefe de departamento o concejal en esa entidad edilicia, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 54.

Asimismo, se verificó que 18 servidores a honorarios fueron contratados por la Municipalidad de San Ramón, pese a registrar condenas por crímenes o simples delitos.

También se observó que 36 personas informadas como contratadas por esa entidad comunal en el periodo examinado -1 funcionario cuya calidad jurídica se desconoce y 35 servidores a honorarios-, presentan anotaciones por crímenes o simples delitos en el registro de antecedentes penales que mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Con respecto a lo anterior, dichas contrataciones no se encuentran registradas en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado.

Por ello, la entidad comunal deberá, previo traslado a los interesados, poner término a los vínculos contractuales en los que se presentan las situaciones de inhabilidad antes descritas, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la notificación del presente informe.

De igual forma, deberá “adoptar las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, se dé estricto cumplimiento a lo ordenado en las letras b) y c) del citado artículo 54 de la ley N° 18.575, de manera que no se reitere la contratación de personas afectas a las inhabilidades allí previstas”.

Se establecieron desembolsos por $5.503.888, por prestación de servicios a honorarios, sin que la entidad comunal proporcionara los antecedentes de respaldo de dichas erogacion

La auditoría detectó que un funcionario, además de su designación a contrata por 44 horas semanales, registró una contratación a honorarios imputada a la cuenta presupuestaria “Honorarios por Prestaciones de Servicios en Programa Comunitarios”, por un monto total $6.666.660, por los servicios prestados entre enero de 2018 a marzo de 2019, “advirtiéndose que las actividades realizadas a honorarios fueron ejecutadas dentro del horario laboral que debió cumplir como funcionario municipal a contrata”.

Por todos los elementos expuestos, la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago formulará el reparo respectivo por la suma total ascendente a $12.170.548, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336.

En cuanto a la denuncia realizada sobre “eventuales irregularidades relacionadas con la doble contratación del funcionario, en calidad jurídica a honorario en programas comunitarios y a contrata en el área de salud, de acuerdo con los antecedentes recabados y las pruebas efectuadas sobre las rentas pagadas desde diciembre de 2018 hasta julio de y las pruebas efectuadas sobre las rentas pagadas desde diciembre de 2018 hasta julio de 2019, no se advirtieron situaciones que observar”.

La información fue remitida al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado

fuente biobiochile.cl