Un puntaje en la Ficha de Protección Social que la deja dentro del 1% más pobre de la población, tiene la actual gobernadora de Chiloé, Claudia Placencio Muñoz, socióloga PPD.

Según un certificado del Ministerio de Desarrollo Social, al que tuvo acceso La Tercera, la actual jefa provincial, a marzo de 2014 tiene 2.119 puntos, mientras que la persona más pobre de Chile hoy tiene 2.072. De acuerdo con las categorías usadas en el Estado, una persona que tenga hasta 4.123 puntos es considerada como “indigente”. Casi todos son ciudadanos en situación de calle, analfabetos o con una discapacidad grave.

Expertos en trabajo social, consultados por La Tercera, dicen que es difícil que un profesional con empleo tenga ese  puntaje tan bajo en la Ficha de Protección Social.

Mediante esta ficha, las personas en situación vulnerable son beneficiarias automáticamente de distintas  ayudas del Estado, como el ingreso ético familiar y  distintos bonos. Además, cuentan con preferencia para postular a otros beneficios estatales.

Los antecedentes recogidos por La Tercera indican que a Placencio se le aplicó la encuesta para ser ingresada a la ficha en mayo de 2007. Entonces ella era funcionaria del Registro Civil en Santiago y percibía una renta sobre el millón de pesos (según portal de Gobierno Transparente).

Luego, ella trabajó intermitentemente en la Subsecretaría de Previsión Social. La página web de la gobernación destaca que la socióloga, con un magíster en la Universidad de Chile, “tiene una importante trayectoria en el sector público en materias de gestión de personal, sistema previsional, equidad de género, comunicaciones y programas dirigidos a familias vulnerables”.

El caso generó críticas privadas de parlamentarios, quienes prefirieron no opinar en público, a la espera de conocer más detalles. La Tercera intentó tener una versión de la gobernadora, pero no obtuvo respuesta.

El gobernador de Santiago, Salvador Delgadillo (PC), también tiene un flanco. El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en 2013 en su contra, por presuntos desvíos de fondos de la reconstrucción cuando Delgadillo era alcalde de Tiltil. Por el mismo caso se querelló el concejal Sergio Covarrubias (RN).

El gobernador de Antofagasta, Hernán Vargas, en tanto, también es cuestionado, por recibir una pensión Valech. Cuando era concejal, agrupaciones de víctimas pusieron en duda la calidad de ex prisionero político de Vargas. Ayer, las críticas fueron reflotadas por parlamentarios de la zona.

“Hace un tiempo surgió una duda de que nunca sufrió alguna violación a sus derechos”, afirmó la diputada RN Paulina Núñez.  El senador oficialista independiente, Pedro Araya, dijo que “lo que nos parece más grave es que él en su minuto señaló que quizás había cometido un error y que iba a renunciar a la pensión. Pero no renunció a la pensión”.

Al gobernador de Ñuble, Cristián Fernández, se le reprocha su anterior gestión como alcalde de San Fabián de Alico, cargo del que fue suspendido por el Tribunal Electoral Regional. Posteriormente, la medida fue revocada. Dentro de las acusaciones figuran problemas de gastos en la unidad de control del municipio, irregularidades en contratos y anomalías en la entrega de bienes municipales.

La senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe dijo que la llegada de Fernández “es una muy mala noticia para la provincia”.