Documento será entregado a la Mandataria en enero. Plantea la creación de una Corporación Nacional de Salares. Se reafirma el carácter no concesible del mineral y propone la revisión de contratos vigentes.

Para algunos es el “cobre” del futuro. Otros, lo comparan con el oro o incluso se refieren a este como “petróleo blanco”. Si bien ha estado presente históricamente en los salares, la visibilidad y el mayor interés por el litio es reciente, impulsado principalmente por el creciente uso de dispositivos electrónicos que utilizan el mineral como batería.

El atractivo del recurso y sus altos precios en el mercado  internacional fueron recogidos en el programa de gobierno como una “oportunidad para diversificar” la producción local. Por eso, en junio de este año, la PresidentaMichelle Bachelet creó una comisión asesora ministerial para proponer una política nacional del litio. La ministra de Minería, Aurora Williams, lideró la instancia en la que trabajaron cerca de 20 expertos de distintas áreas, además del titular de Economía, Luis Felipe Céspedes, representantes de comunidades atacameñas -entre la II y III Región están las mayores reservas-, y trabajadores.

La semana pasada, casi dos meses después de lo previsto en el cronograma original, el grupo culminó su trabajo con un borrador cuya versión definitiva recibirá la Mandataria durante la segunda semana de enero.

De acuerdo al documento, el futuro es auspicioso. Actualmente el 88% de la producción mundial de litio se concentra en cuatro países. Chile lidera el mercado con una participación del 42%, seguido de lejos por Australia (20%), China (14%) y Argentina (11%).

Acuerdos

En ese contexto, el informe enumera 10 acuerdos principales.

La  naturaleza del litio -señala uno de los puntos- presente en forma compuesta con otros elementos económicamente explotables, requiere una mirada integral, por lo que se debe “considerar la explotación de los salares y no sólo del litio”. Dado su alto potencial de uso en aplicaciones energéticas, los expertos también sugieren redefinir su carácter estratégico y mantener su estatus no concesible, “dado que el sistema de concesiones mineras está ideado para recursos minerales estáticos en el subsuelo y no se adapta a la particularidad y complejidad de los salares”, afirma.

Entre los consensos también está “reforzar el rol del Estado como dueño auténtico de estos recursos”. En ese marco, se propone crear una “estructura de gobernanza de salares que actúe como contraparte pública de las empresas que explotan los salares”, dotando al Estado de mayores capacidades regulatorias y fiscalizadoras desde la exploración hasta la exportación de materias primas y productos más elaborados.

Las conclusiones apuntan así a la creación de una empresa estatal. “Esta comisión propone la creación de una empresa pública del litio, a similitud de Codelco, sugiriéndose para ella la razón social de Corporación Nacional de Salares, que se encargará de la investigación  detallada de las reservas contenidas en los salares y de la asignación de contratos especiales de operación de litio o bien de su explotación directa”, dice el documento.

¿Cómo operaría?

Bajo el prisma de los especialistas , la nueva institución debe privilegiar un modelo de negocios de carácter asociativo público-privado. Con ello, el dominio de las pertenencias mineras del Estado que actualmente están en propiedad de Corfo, Codelco y Enami -que representan el 52% de la superficie total de salares en territorio nacional- quedarían en manos  de esta nueva empresa.

Para la explotación del litio contenido en salares, el Estado sería el encargado de otorgar contratos especiales de operación. Estos se reservarán de forma exclusiva para la nueva Corporación o asociaciones de ésta con privados, en las cuales tendrá el control.  Para ser aprobados, los contratos deberán resguardar principios de sustentabilidad, cuidar el medioambiente, respetar los derechos de las comunidades e incorporar valor agregado para el país.

Además, “los titulares de pertenencias mineras otorgadas antes de la declaración de inconcesibilidad del litio, para aprovechar el litio también deberán solicitar el otorgamiento de un contrato especial de operación por parte del Estado”. En paralelo, se consigna que “la única manera que en lo sucesivo pueden explotar sus pertenencias, consiste en establecer asociaciones con la nueva Corporación, en las cuales esta última se reserva el rol de controladora”.

También se plantea fijar un mecanismo de pago por derechos de extracción para la captura de rentas, a través de un royalty, aunque se deja abierta la opción a otras fórmulas. Estos cambios  requerirían transformaciones legales.

Concesiones frustradas

En febrero de 2012, la administración de Sebastián Piñera planteó como una de sus metas -en el marco del plan impulso competitivo- reimpulsar la industria chilena del litio.  La cartera de Economía liderada entonces por Pablo Longueira, ponía en debate la imposibilidad de concesionar el litio establecida 1979, cuando se definió como un recurso estratégico para la fusión nuclear.

En más de 30 años, recordaba el gobierno anterior, sólo dos empresas mediante contratos específicos  han podido explotar este mineral en Chile:  la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y la Sociedad Chilena del Litio (SCL), filial de Chemetall, controlada por capitales norteamericanos.

El diagnóstico apuntaba a que el no poder explotar masivamente el mineral se tradujo en una pérdida de liderazgo a nivel mundial, exacerbado por la determinación de  declarar concesible el mineral en países como Argentina, Australia, China, Canadá y Estados Unidos, que en su conjunto evalúan más de 50 proyectos de desarrollo.

“El litio es un mercado que se puede triplicar en los próximos ocho años y como país debemos aprovechar esa oportunidad”, señalaba el Ministerio de Economía.

Ese mismo año, la cartera de Minería abrir un llamado a licitación internacional para el primer contrato especial de operación del litio, que permitiría explotar el mineral en lugares hasta entonces prohibidos del territorio nacional. Pese a ello, la licitación adjudicada a la empresa SQM fue anulada por incumplimientos de bases. La polémica terminó con la salida del subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

La propuesta de la comisión Bachelet apunta a mantener el estatus de no concesibilidad del litio, “manteniendo así la flexibilidad necesaria para explorar y explotar los salares , otorgando a privados contratos especiales de operación”, elevando dicha inconcesibilidad a rango constitucional.

Fuente: LaTercera.cl