El martes de la semana pasada, la Cámara de Diputados rechazó el informe “Sename II”, donde se analizaban por segunda vez los problemas – y las causas de ellos – que viven los niños en la institución y se planteaban distintas medidas para avanzar en sus soluciones.

Este rechazo indigna por varias razones: En primer lugar, por el cambio de votación entre aquellos parlamentarios oficialistas que aprobaron el informe en la comisión investigadora, pero luego en sala lo rechazaron o se abstuvieron. En segundo lugar, por el grotesco lobby que llevó a cabo el gobierno para lograr que no se aprobara este informe que, entre otras cosas, establecía una “negligencia inexcusable” por parte de la ex Ministra de Justicia, Javiera Blanco.

Ahora bien, es cierto que este es un problema que se arrastra desde hace años, pero lo que no se puede entender es que luego de casos tan emblemáticos como la muerte de Lisette, que han logrado visibilizar la crisis que vive el Sename, el gobierno con tal de blindar políticamente a una persona haya decidido decir “paso” al calvario que día a día viven los niños y niñas que pertenecen a esa institución.

Lo cierto es que este gobierno ha puesto “la carreta delante de los bueyes”: su énfasis ha estado puesto en una reforma tributaria que no recauda el dinero previsto y que ha afectado el crecimiento; un cambio a la Constitución, que no cuenta con el interés de la gran mayoría de la población; y una reforma educacional que pretende destinar recursos para financiar la educación de las personas más ricas que sí se la pueden pagar, y que podrían utilizarse en mejorar la condición de los niños del Sename.

La urgencia en cambiar esta realidad se evidencia con las cifras que se manejan. En efecto, un 50% de quienes están en la cárcel han pasado por el Sename; se gastan $200.000 pesos por cada niño, que contrasta con los $600.000 pesos que se gasta en cada preso; hay más de un millar de niños que han muerto en estos años, sin embargo, solo existen 23 autopsias, es decir, sólo en 23 casos se sabe a ciencia cierta de qué murieron, etc.

Todo lo anterior, no puede sino hacer que nos preguntemos: ¿cuáles son las prioridades? Esta situación no resiste más y los niños no pueden seguir esperando que quienes toman las decisiones políticas los pongan de una vez por todas, en el sitial que les corresponde.

Andrés Echazarreta
Presidente Juventud UDI