Grupos a favor de la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, convocaron manifestaciones en todo el país este domingo para pedir la salida de la mandataria, que con la popularidad bajo mínimos se enfrenta a las primeras protestas ciudadanas desde el inicio del proceso de impeachment.

Movimientos como Vem Pra Rua, Brasil Livre o Revoltados On Line, que se dicen hartos de la corrupción y las penurias económicas, llamaron a través de las redes sociales a participar en esta protesta que se celebrará en decenas de ciudades del país, entre las que destacan Sao Paulo, Rio de Janeiro o Brasilia, reseñó AFP.

Bajo lemas como “Calienta por el impeachment” estos colectivos pretenden reunir a miles de manifestantes, aunque reconocen que la falta de tiempo para difundir la marcha hace difícil que iguale a las tres protestas multitudinarias contra Rousseff de este año, que llegaron a juntar a más de un millón de personas en marzo y a cientos de miles en sus réplicas de abril y agosto.

De momento, menos de 20.000 personas confirmaron su asistencia en las redes sociales.

Con una popularidad de apenas el 10%, su mandato en entredicho tras la apertura hace diez días de un proceso para destituirla y al frente de un Brasil sumido en la recesión, las protestas llegan en el peor momento político para Rousseff.

La presidenta de la séptima economía del mundo comenzó la semana con el revés de que la oposición obtuviera la mayoría en la comisión parlamentaria que estudiará su impeachment y la dura carta de su vice, Michel Temer, en la que le reprochaba haberle convertido en un “vicepresidente decorativo” y no tenerle confianza.

La tensión, sin embargo, se rebajó más tarde con la decisión de la Justicia de suspender el proceso de destitución hasta el 16 de diciembre por irregularidades en la formación de la comisión y el armisticio con Temer – al que los mercados ansían como su sustituto-, que se comprometió a no trabajar por el impeachment.

Los partidarios del juicio político calculan que en momentos de recesión, pérdidas de empleo, inflación en aumento y escándalos de corrupción que no paran de ser investigados, la opinión pública posiblemente se volcará a las calles y terminará presionando a los legisladores a pronunciarse contra la mandataria.

Rousseff, de su lado, asegura que el proceso de destitución es improcedente y dice ser víctima de “un golpe” a 11 meses de haber iniciado su segundo mandato.

Pero para que el juicio comience y la presidenta sea separada del cargo, la oposición necesita 342 votos en el plenario de la Cámara baja (dos tercios). Al oficialismo le alcanzan 172 para bloquearlo.