Mohamed Morsi, el expresidente de Egipto depuesto en un golpe de Estado el 3 de julio del año pasado, será juzgado por la presunta entrega al Gobierno de Catar de documentos secretos comprometedores para la seguridad nacional de Egipto. Morsi, que selló una estrecha alianza con Doha durante su año de gobierno, está siendo juzgado en otros tres procesos junto con diversos líderes de los Hermanos Musulmanes, el histórico movimiento islamista egipcio. Uno de ellos, también es por haber filtrado secretos de Estado a entes extranjeros.

El procesamiento del ex rais islamista se produce después de varias semanas de investigación por parte de la fiscalía. Según el diario oficialista Al Ahram, Morsi fue interrogado sobre la filtración de documentos secretos el mes pasado, pero se negó a responder ninguna pregunta. Tanto el dirigente islamista como sus abogados se han negado a reconocer la legitimidad de los tribunales que lo juzgan, pues argumentan que según la Constitución vigente en el momento del golpe militar, el presidente del país solo puede ser juzgado por una corte ad hoc.

El fiscal general de Egipto anunció el sábado por la mañana el nuevo procesamiento a través de un comunicado público, en el que no se especifica en qué fecha se iniciará el juicio. De acuerdo con este texto, a Morsi, junto a una decena de líderes de la Hermandad, se le acusa de haber proporcionado secretos de Estado a miembros del servicio de inteligencia de Catar y a directivos de Al Yazira, la cadena catarí de televisión por satélite. De hecho, entre los imputados figura Ibrahim Mohamed Helad, descrito como un redactor del canal árabe. Tres periodistas de Al Yazira, entre ellos el australiano Peter Greste, ya fueron condenados el pasado mes de junio a largas penas de cárcel por haber colaborado con la Hermandad, algo que ellos siempre han negado categóricamente.

Morsi está siendo juzgado en otros tres procesos junto a otros dirigentes de los Hermanos Musulmanes: por incitar a la muerte de manifestantes durante unas prostestas ocurridas bajo su mandato; por espionaje, al haber entregado secretos de Estado a países y grupos extranjeros; y por haber conspirado con las milicias de Hamás y Hezbolá para asaltar las cárceles donde se hallaban recluidos los líderes de la Hermandad durante la Revolución del 2011. En caso de ser declarado culpable de estos delitos, Morsi se enfrentaría a severas condenas, incluida la pena capital.

Desde el golpe de Estado del pasado verano, la cofradía ha padecido la más dura campaña represiva de las últimas seis décadas tanto en el frente legal, como en el económico y mediático. Ilegal pero tolerada durante la era Mubarak, el pasado mes de diciembre fue declarada “organización terrorista” por el gobierno. Prácticamente, la entera cúpula de la organización se encuentra entre rejas. Además, se calcula que unos 1.500 partidarios del movimiento han muerto en enfrentamientos con la polícia, y más de 15.000 han sido arrestados. El Guía Supremo de la Hermandad, Mohamed Badie, que era intocable durante el antiguo régimen, ha recibido ya una condena a la pena de muerte, dos cadenas perpetuas, y aún tiene varios procesos pendientes.