Una nueva diferencia entre el Ministerio de Educación y el movimiento estudiantil quedó en evidencia luego de que el ministro Nicolás Eyzaguirre planteara que la gratuidad en la educación superior debiera extenderse sólo los primeros cuatro años de cada carrera, y el resto debiera financiarse con cargo a la renta futura del estudiante.

En entrevista con “El Mercurio”, el ministro afirmó que “cuatro años de estudio –lo que duraría un college– me parece un objetivo sensato de financiar para un país de US$ 20.000 per cápita. Lo que exceda a ese lapso debiera ser financiado con cargo a la renta futura del estudiante u otra forma equivalente. Eso compatibiliza gratuidad con esfuerzo personal”.

El planteamiento del ministro se contrapone con lo que demanda el movimiento estudiantil, que es partidario que el derecho a la gratuidad esté garantizado para todo el “proceso educativo”, independiente de la cantidad de años que dure.

“A diferencia de lo que señala el ministro Eyzaguirre, para nosotros la concepción de la educación como un derecho social está ligada con la gratuidad del proceso educativo, no por un número determinado de años ni como una cuestión de retorno individual”, afirma la presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile (FECh), Melissa Sepúlveda.

Si bien reconoce que, “dependiendo de los recursos, tiene que haber algún tipo de regulación o restricción” para ejercer la gratuidad, remarca que los cuatro años que propone el ministerio “es un número que ni siquiera completa una carrera universitaria”, que en Chile suelen durar al menos 5 años.

“Sólo podrán completar la Licenciatura”

También advierte que, al tener que costear su último año de carrera, muchos estudiantes podrían desertar de la universidad, lo que generaría un nuevo tipo de segregación entre quienes puedan y no terminar su carrera. “Esto va a hacer una diferencia entre quienes puedan solamente sacar la Licenciatura y quienes puedan terminar de pagar la carrera u optar a carreras más largas. Entonces también hay una visión de segregación en estos cuatro años, que tampoco se entiende muy bien cuál es el criterio para definirlo”, señala.

En la misma línea, el presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Santiago (Feusach), Takuri Tapia, afirma que lo planteado por Eyzaguirre “dista mucho de la postura del movimiento estudiantil”, ya que “sigue entiendo la educación bajo la lógica de concesiones, cuando es un derecho social”. También advierte que “nuevamente las familias más desfavorecidas van a verse en un escenario bastante complejo” al tener que financiar el último año de carrera.

Otro punto que inquieta a los estudiantes es que –en su análisis– acotar la cantidad de años para la gratuidad sería una señal de que el modo de financiarla sería por la vía de entregar aportes a los estudiantes –o “boucher”– y no financiar directamente las carreras  e instituciones, como ellos piden.

Los estudiantes también cuestionaron las declaraciones del ministro de Educación hacia el movimiento estudiantil, al señalar que éstos “no tienen la última palabra”. “Nuestro deber es atender al movimiento estudiantil en aquello que coincide con el programa y siempre que cuente con el apoyo del Congreso”, afirmó Eyzaguirre en la misma entrevista.

Para la líder de la FECh ésta “es una mirada bastante estrecha de la democracia, al decir que es el pueblo chileno el que tiene que adaptarse a los deseos de un Gobierno o de un Parlamento y no lo contrario, que debiese ser, cómo el Gobierno y el Parlamento responden a las necesidades que manifiesta la gran mayoría de la población chilena”.

En tanto, Tapia afirmó que “las declaraciones del Ministerio de Educación han ido en una bola de nieve” y sostuvo que “hace bastante tiempo que el Parlamento no es la única instancia válida para discutir las materias legales del país”.