Esta noche finalmente se concretó en el Senado la firma del protocolo de acuerdo (vea el documento) entre la oposición y el oficialismo en torno a llevar adelante la Reforma Tributaria, luego de prolongadas negociaciones realizadas en Valparaíso.

Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, junto a parlamentarios de la Alianza y la Nueva Mayoría que participaron en las tratativas.

“Hoy tenemos una gran noticia para todos los chilenos y chilenas: Hemos alcanzado un acuerdo histórico en cuanto a la reforma estructural del sistema tributario”, afirmó el secretario de Estado.

“Estamos escribiendo un nuevo capítulo de las políticas públicas” en el país, añadió Arenas, quien destacó la capacidad de diálogo evidenciada al alcanzar el consenso en esta materia.

El presidente de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, en tanto, resaltó que durante el “segundo tiempo” de la discusión sobre la reforma se aprendieron “las lecciones del primero” durante la discusión en la Cámara de Diputados.

“Estamos cumpliendo un compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet”, añadió.

El senador Andrés Zaldívar (DC), en tanto, señaló que la concordia mostró que el oficialismo no operó con la lógica de la “aplanadora” en el Congreso, sino buscando el consenso.

UDI: “Chile necesita espacios de entendimiento”

A su turno, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) resaltó el rol de su colectividad en la tarea de alcanzar el consenso.

“Hemos venido con la convicción de que Chile necesita espacios de entendimiento”, aseveró. “La UDI está para solucionar los problemas de los chilenos”.

El parlamentario opositor enfatizó que su sector “no ha sido partidario” de esta reforma y admitió que no cuentan con los votos suficientes para revertirla.

No obstante, resaltó que se hubiera logrado modificaciones al proyecto, especialmente en favor de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Esperamos haber contribuido al bienestar de Chile”, apuntó.

Ánimo distendido

Los representantes de los partidos de la Alianza y la Nueva Mayoría que participaron en las conversaciones dialogaron de manera distendida durante la suscripción oficial del documento.

El acto demoró varios minutos mientras esperaban que se unieran al grupo parlamentarios de la UDI encabezados por su presidente, Ernesto Silva.

También estuvo presente la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón.

Las tratativas se llevaban a cabo desde este lunes y fructificaron en horas de la tarde de hoy. En ellas participaron el ministro de Hacienda y parlamentarios de distintas bancadas.

Fue el senador Hernán Larraín (UDI) quien dio durante la tarde las primeras luces del acuerdo en su cuenta de Twitter. “El Gobierno acepto resolver la situación de las pymes a petición UDI/RN. Acuerdo va. Ahora es la RT pro Pyme”, escribió.

El protocolo acordado entre el oficialismo y la oposición fue alcanzado luego de que el Ejecutivo se allanó a definir como voluntaria y opcional.

Entre los puntos planteados por los parlamentarios opositores para conseguir el consenso se contó, entre otros puntos, el establecimiento de un incentivo especial al ahorro en favor de las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como definir en esta calidad a las que perciban hasta 100.000 UF.

Del mismo modo, se ampliará la posibilidad del pago del IVA hasta 90 días, en lugar de 30 días.

Otro aspecto concordado es que la tasa de impuesto de primera categoría a las empresas quedará en 27%, el que, al igual que el sistema de atribución de rentas, termina con el actual sistema de fondo de utilidades tributables (FUT) hacia el año tributario 2018.

En cuanto a las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), el protocolo indica que se precisará la norma general antielusión/antisimulación tributaria, reconociendo el principio de buena fe y la autonomía y libertad contractuales del contribuyente.

De esta manera, se resguardará, según el texto, la posibilidad de ejercer economía de opción, es decir, la posibilidad de elegir entre alternativas lícitas y legítimas, sin que el contribuyente sea recalificado en la medida que su objetivo no haya sido la elusión de impuestos.

El aspecto relacionado con las atribuciones de dicho organismo fiscalizador generó los mayores desencuentros entre el Ejecutivo y la oposición.

En otro punto polémico, los impuestos sobre alcoholes, el documento señala que se establecerá una tasa común a vinos y cervezas de 22,5% y respecto de los restantes licores se mantendrá la fórmula contenida en el proyecto original.