Este lunes la CPC expuso ante la comisión de Hacienda del Senado su punto de vista sobre la Reforma Tributaria, donde acusó problemas constitucionales y operativos de la iniciativa.

En tanto, senadores de la Alianza cuestionaron sobre los impuestos que sufren cambios y que no están contemplados, mientras que desde la Nueva Mayoría abordaron el tema del Servicio de Impuestos Internos y la práctica de la reforma.

La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), presentó ante los senadores de la comisión de Hacienda sus análisis y preocupaciones sobre el proyecto de Reforma Tributaria, enviado por el Ejecutivo.

El presidente de los empresarios, Andrés Santa Cruz, afirmó que “este proyecto a nuestro juicio confunde como contribuyente a la empresa con los dueños de la misma. Tanto las grandes como las chicas van a financiar un impuesto 75 por ciento más alto que el que tienen hoy día y cien por ciento más alto del que tenían hace un año. La devolución a la que se hace mención no va a llegar a las empresas, con un claro perjuicio a la pyme, pues la devolución llegará a las personas”.

Santa Cruz consideró fundamental que un sistema tributario incentive las decisiones de ahorro versus las de consumo, de manera que se maximice la tasa de crecimiento de tendencia del producto con el consiguiente efecto favorable en la creación de empleo, especialmente a través del impulso a las inversiones.

“Problemas constitucionales y operativos, donde en éstos últimos hemos identificado a lo menos cuarenta errores técnicos serios en la aplicación de la reforma, solo en lo que dice relación con la ley de impuesto a la renta. También nos preocupa lo que dice relación con las atribuciones discrecionales del Servicio de Impuestos Internos, que si bien se mejoraron con algunas indicaciones, están lejos de llegar a un debido equilibrio entre la autoridad y los ciudadanos”, sostuvo Andrés Santa Cruz.

Cabe recordar que la CPC pidió un informe a un grupo de juristas por su preocupación de inconstitucionalidad del proyecto, tal como lo plantean dichos expertos, el que establece una modalidad de renta atribuida a los socios de una empresa, lo que infringe derechos fundamentales que forman parte del orden público económico, contemplados y protegidos en la Constitución chilena, como son la igualdad ante los tributos, el derecho a sucesión, la libertad económica, la igualdad ante la ley y el derecho a propiedad.

Santa Cruz añadió que en los problemas operativos la reforma asume una perfección que no existe, porque las empresas deben calcular y entregar oportunamente, y en secuencia, toda la información sobre sus rentas sin errores.

En ese sentido, apuntó a que cada empresa en la cadena hace depender de su acción la correcta declaración de las personas que siguen, lo que es improbable que llegue a ocurrir, puesto que las personas naturales deberán pagar las consecuencias.

Por su parte, el senador PS Carlos Montes consultó a la CPC por la incorporación dentro de las atribuciones del intercambio automático de información bancaria, el impacto de la reforma en los flujos de caja y costos de capital y qué harían con el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) histórico acumulado para sanear algunas situaciones que existen.

Asimismo, apuntó a la capacidad del Servicio de Impuestos Internos. “Yo vi un ejercicio de que tenemos un millón 700 mil accionistas  en Chile que reciben renta de capital,  y que 96 por ciento de estos tienen rentas directas de la empresa, o sea no tienen las cadenas. Quedarían 60 mil contribuyentes que si tienen cadenas, y si pusiéramos el extremo que hubieran once cadenas, el ejercicio dice que serían sólo 380 personas. Y el Servicio de Impuestos Internos considera que esto sí lo puede hacer y que está dentro de lo que hace hoy día. Desde el punto de vista de aplicabilidad, está en condiciones de hacer los flujos”, detalló el senador Montes.

Desde la oposición, el senador UDI Juan Antonio Coloma se refirió a la desaceleración y la duda del Banco Central respecto de cuánto influye la Reforma Tributaria en la lógica para tomar decisiones en materia de inversión.

Mientras que el senador RN José García Ruminot apuntó a uno de los impuestos que se modifican dentro del proyecto. “Yo quería preguntar por el impuesto verde a las emisiones contaminantes. Se viene sosteniendo desde hace un tiempo que uno de los principales problemas que tienen la competitividad en nuestro país es el costo de la energía,  hay diversos estudios sobre el impacto en las tarifas”.

Respecto a la operación misma, el PPD Ricardo Lagos Weber, presidente de la comisión, sostuvo que no le parecería justo ni sano que en un sistema democrático la única forma de determinar el pago de los impuestos sea lo que diga la autoridad.

El senador del PPD precisó que “una cosa es que el Servicio de Impuestos Internos pueda y esté en condiciones de llevar a cabo el proceso para decir cómo se determina el pago de los impuestos,  y otra cosa distinta es si los contribuyentes con sus asesores tributarios está en condiciones de hacer ese mismo cálculo y llegar a ese mismo resultado”.

Por último, el DC Andrés Zaldívar coincidió en la importancia de la operatividad, y planteó la posibilidad de un sistema desintegrado sobre la base de hacer una escala progresiva equivalente entre el impuesto global complementario de las personas y los tramos que podrían establecerse para las empresas.