A casi tres años del millonario robo que afectó a la notaría de Evelyn Sánchez en San Miguel, la defensa solicitó al Fiscal Nacional la designación de un Fiscal Regional. La querella apunta a una presunta red organizada, cuestiona el rol de la Fiscalía y de la Corte de Apelaciones, y advierte que la falta de diligencias oportunas habría permitido la pérdida de evidencia clave para identificar a los líderes de la banda.
El abogado querellante Octavio Sufán, en representación de la notaria Evelyn Sánchez Tapia, solicitó formalmente al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la designación de un Fiscal Regional especializado que asuma la investigación por el robo a la notaría ocurrido en la comuna de San Miguel en el año 2022. El caso, que involucró la sustracción de vales vista por montos millonarios, se mantiene abierto sin avances sustantivos, a casi tres años de iniciada la indagatoria penal.
De acuerdo con la presentación realizada por la defensa ante el Ministerio Público, los antecedentes recopilados durante la investigación permitirían advertir la existencia de una presunta red organizada dedicada a la apropiación, circulación y posterior lavado de activos mediante instrumentos notariales. A juicio del abogado, el caso supera con creces el alcance de la formalización parcial vigente y requiere una conducción investigativa de carácter interregional.
La causa se inició en abril de 2022, luego del robo con fuerza que afectó a la notaría de Evelyn Sánchez, desde donde fueron sustraídos vales vista por montos que superan los $60 millones, incluyendo documentos por $45 millones y $20 millones. El expediente da cuenta además de la manipulación de sistemas de seguridad, el resellado de sobres y el posterior movimiento de fondos a través de terceros y sociedades consideradas de fachada, entre ellas Bugambilia SpA.
Pese a la complejidad del caso y a la existencia de informes periciales que habrían detectado huellas y movimientos financieros relevantes, la investigación no ha profundizado en estas líneas, y hasta ahora sólo dos imputados han sido formalizados por el delito de receptación. Ambos permanecen actualmente inubicables, sin que se haya logrado avanzar en su declaración ni en la identificación de eventuales autores intelectuales.
En paralelo a la investigación penal, la defensa cuestiona el rol que tuvieron tanto la Fiscalía como la Corte de Apelaciones de San Miguel tras el robo. Para el equipo de defensa de Sánchez, pese a que la notaria contaba con medidas de seguridad como empresa de vigilancia privada, alarmas y caja fuerte, la Corte de Apelaciones le inició un sumario administrativo y, aun reconociéndola como víctima, la sancionó e incluso la instó a responder económicamente por el robo sufrido.
Dicha resolución fue posteriormente revertida por la Corte Suprema, que finalmente sobreseyó a la notaria al estimar acreditado que había sido víctima de un robo con fuerza, descartando cualquier responsabilidad. No obstante, el proceso dejó consecuencias que persisten hasta hoy. Actualmente, la notaria enfrenta diversas causas civiles derivadas de los hechos, entre ellas una demanda contra la empresa de seguridad Verisure, por la nula respuesta del sistema de alarmas durante la comisión del delito, además de otras causas contra la funcionaria judicial que actualmente están en estado de ser falladas.
Respecto de la investigación penal, la defensa de Evelyn Sánchez sostiene que ni la Fiscalía ni la Corte de Apelaciones adoptaron medidas oportunas de resguardo ni brindaron apoyo efectivo a la víctima, obligándola a asumir el riesgo de enfrentar el accionar de bandas delictuales organizadas. Para Sufán ,“ la notaria no contó siquiera con rondas periódicas de Carabineros tras el robo, pese al alto riesgo que enfrentaba, el trabajo del sitio del suceso fue deficiente y las diligencias hasta hoy escasas”
A juicio del abogado Sufán, la situación reviste especial gravedad, ya que durante el desarrollo del proceso se habría perdido prueba clave para la investigación penal, producto de la falta de diligencias destinadas a identificar a los líderes de la organización delictual y a seguir la ruta del dinero. “El dinero finalmente llega a quienes dirigen estas estructuras, y esa línea investigativa no se ha abordado”, sostiene la defensa.
El querellante advierte además que el robo que afectó a la notaría de San Miguel no sería un hecho aislado, sino que podría vincularse a otros casos similares que han afectado a distintos notarios del país, como por ejemplo el delito que sufrió el Ex Notario Felix Jara y cuyo monto alcanza los 1000 millones de pesos. En ese contexto, no se descarta la eventual configuración de delitos como estafa reiterada, asociación ilícita y lavado de activos, lo que refuerza la necesidad de una investigación con alcance interregional.
Por estas razones, la defensa solicitó que el Ministerio Público actúe conforme al artículo 19 de su Ley Orgánica y designe un Fiscal Regional que permita coordinar diligencias patrimoniales, rastrear flujos financieros y formalizar a todos los participantes identificados. Para el abogado, la falta de una investigación integral no sólo pone en riesgo la persecución penal efectiva de los responsables, sino que también afecta gravemente la fe pública.
Finalmente, Sufán subrayó que el caso del robo que afectó a la notaría Sánchez en San Miguel, evidencia falencias estructurales en la respuesta institucional frente a delitos complejos que afectan al sistema notarial, advirtiendo que, sin una conducción investigativa adecuada, existe el riesgo de que los responsables permanezcan impunes y que este tipo de delitos continúe replicándose.