La candidata partió su presentación del programa de Gobierno diciendo

“Mucho se ha hablado de la demora de nuestro programa a pesar que hemos adelantado varias medidas. Somos una de las pocas candidaturas que ha hecho un programa participativo, no entre amigos o entre cuatro paredes”, dijo.

Así, tal como lo anunció durante las primarias, en materia educacional la ex Mandataria propone una educación de calidad con establecimientos de excelencia, lo que a nivel superior se supervisará a través de nuevos mecanismos de acreditación. Otro pilar de esta reforma es la reducción de la segregación entre alumnos y mayor integración, con la eliminación de mecanismos de selección para el ingreso a escuelas.

Asimismo, se propone gratuidad universal, lo cual se hará en forma gradual en el nivel superior, llegando al 100 por ciento en 6 años, y al 70 por ciento más vulnerable durante su período. Además, se plantea el fin al lucro en todo el sistema educativo que use recursos públicos, aunque se advierte que el Estado seguirá respetando la existencia de un sistema mixto.

En su conjunto, estas y otras modificaciones implican un gasto de entre 1,5 y 2 puntos del PIB. Para financiar estas medidas, la ex Presidenta propuso una reforma tributaria de 3 por ciento del PIB, de la cual un 2,5 por ciento saldrá de cambios a la estructura tributaria y un 0,5 por ciento a medidas que reducirán la evasión y la elusión. La idea de fondo, aseguró, es que los que ganan más paguen más.

Junto a estos puntos, resalta la inclusión del matrimonio igualitario, a través de la convocatoria a un debate abierto para la elaboración de un proyecto de ley, que podría permitir que parejas del mismo sexo puedan contraer ese vínculo.

Constitución del “pueblo en su conjunto”

Respecto a la creación de una nueva Carta Fundamental, el documento señala que la definición de sus contenidos corresponde “al pueblo en su conjunto”, aunque estableció algunos puntos fundamentales sobre la cual ésta debiera sustentarse, y que ella impulsará.

Así se menciona un compromiso categórico con el reconocimiento y protección a los derechos humanos, derecho a la vida, integridad física y psíquica, derechos de los niños, sexuales y reproductivos, derechos colectivos y reconocimiento a los pueblos indigenas, entre otros.

En relación con el proceso mediante el cual se elaborará esta nueva Constitución, se asegura que éste será democrático, institucional y paticipativo. La idea es que se genere en un contexto en que se escuchen todos los puntos de vista, donde la Presidencia y el Congreso “concuerden criterios que permitan dar cauce institucional y legal” al cambio.

“La ciudadanía debe participar activamente en la discusión y aprobación de la nueva Constitución. Para tal efecto, el proceso constituyente supone, de entrada, aprobar en el Parlamento aquellas reformas que permitan, precisamente, una deliberación que satisfaga esta condición”, agrega el texto.

De esta forma, no se menciona la opción de una asamblea constituyente para modificar el cuerpo legal, como demandaban algunos sectores de la Nueva Mayoría.

Agenda laboral

En materia laboral se proponen medidas para avanzar en una completa agenda en la materia, como la ampliación de la negociación colectiva y el fortalecimiento de la actividad sindical. Un segundo grupo de medidas busca aumentar la participación laboral, la calidad del empleo y los salarios (salario mínimo y pago de gratificaciones), entre otras inciativas.

Y en tercer lugar las propuestas podrán énfasis en fortalecer y mejorar la institucionalidad laboral, avanzando hacia el cumplimiento efectivo de la ley laboral y hacia políticas que lleguen efectivamente a todos los trabajadores.

“Avanzaremos para que los que procesos de negociación colectiva tengan como base los beneficios obtenidos en la negociación anterior”, sostuvo y añadió que “terminaremos con el uso artificioso del multirut”.

Por su parte, Bachelet manifestó que “se nos ha notificado desde la OIT y ONU de incumplimiento del convenio 87 sobre libertad sindical. Es tiempo de avanzar en este sentido para cumplir nuestros compromisos internacionales y con nuestros trabajadores”.

El texto afirma que “modernizaremos nuestra ley laboral para permitir la ampliación de las materias que se puedan acordar en una negociación colectiva con el empleador, cuando esto sea por acuerdo de las partes, teniendo los resguardos para asegurar la representatividad de los sindicatos”.