Fuerza Popular en el Congreso peruano, de oposición al Gobierno de Martín Vizcarra, ha aprobado este jueves una ley de “ejecución humanitaria de la pena” para que los presos mayores de 78 años que hayan cumplido un tercio de su condena puedan continuarla “a través de vigilancia electrónica” desde su domicilio. La norma ha sido preparada explícitamente para favorecer al autócrata Alberto Fujimori, que vio anulado su indulto la semana pasada. Y podría favorecer también a Vladimiro Montesinos, ex asesor de Fujimori de 73 años y jefe de facto de las fuerzas armadas en el régimen, que en un lustro podría beneficiarse de esa misma libertad vigilada.