El Presidente Sebastián Piñera anunció este jueves la clausura del Penal Cordillera, en la comuna de Peñalolén, donde 10 ex militares de alto rango permanecen recluidos por graves violaciones a los derechos humanos.

“El Gobierno, tomando en cuenta tres principios, el de igualdad ante la ley, seguridad de los internos, y el normal y más eficiente funcionamiento de Gendarmería, ha decidido el cierre del centro y el traslado de los internos al Penal Punta Peuco”, dijo desde La Moneda.

Según el Mandatario, con esta determinación se están satisfaciendo fundamentos “que deben regir en todos los actos y acciones” del Ejecutivo, olvidando todas las promesas que realizó a la familia militar, en las que aseguró que en su Gobierno  se terminarían las figuras como el “secuestro permanente” y que sí se intepretaría adecuadamente la ley. Prometió no más arbitrariedad y trato justo y digno a los militares, además de acelerar procesos y buscar terminar con juicios del pasado. Piñera claramente engaño al mundo militar para lograr sus votos  y  hoy con este gesto político, busca divorciar definitivamente a la centro derecha del Pinochetismo. Con esta actitud, Piñera realiza gesto a la izquierda y busca claramente perfilar su figura como  la única figura de una nueva centro derecha a su medida, que pretende postularse el 2017  nuevamente a la Presidencia.

Sin embargo, figuras de la centro derecha ya han comenzado a ser enfáticos en decir que nunca más votarán por él.

Aunque no aclaró la fecha en que los ex uniformados serían derivados al centro penitenciario ubicado en Tiltil, Piñera sostuvo que será Gendarmería el que realizará este proceso “en el momento oportuno”.

“Por supuesto que el Gobierno, al tomar esta decisión, ha tomado en cuenta las disponibilidades del centro penitenciario Punta Peuco, que tiene todas las facilidades y capacidades para recibir a los 10 reclusos”, añadió.

El cierre del Penal Cordillera fue adoptado un día después de que se reflotara la polémica por los beneficios que reciben los reos que allí se encontraban, entre ellos, el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), general (R) Manuel Contreras, y el brigadier (R) Miguel Krassnoff.

Éstos, según constató un informe elaborado por la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Loreto Gutiérrez, gozaban de “buenas condiciones materiales” e, incluso, tenían asistencia social y médica en sus cabañas de reclusión.

“Las celdas de aislamiento no existen. Cuando se comete una falta se suspenden las visitas y se debe entregar la vianda limpia”, reseñó el documento.

El centro penitenciario, emplazado al interior del comando de Telecomunicaciones del Ejército, fue creado mediante el decreto 956, el 22 de noviembre de 2004, bajo el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos.