Heraldo Muñoz en conferencia de prensa en la Cancillería aseguró que “el Gobierno boliviano lucra con los comerciantes y los importadores bolivianos al imponer precios abusivos”, esto por medio de la agencia estatal de aduanas a los empresarios que ingresan cargas por el puerto de Arica.

“Sobre la relación con Bolivia, quiero exponer unos datos concretos, como se habla mucho desde de la Paz, a veces hay que tener datos”, indicó el ministro. A ese valor, se suma al cobro de 29,9 dólares que hace el puerto de Arica, con el cual para este ejemplo “la ganancia excesiva para los servicios portuarios bolivianos es de 300%”, según Muñoz.

En tanto, para un contenedor de 40 pies, el Puerto de Arica cobra 31,17 dólares, y la empresa estatal boliviana recarga a sus importadores 146,17 dólares, generando una diferencia de 370 por ciento. Las autoridades bolivianas han denunciado en varias ocasiones que el Gobierno chileno pone trabas al libre tránsito en los puertos del norte del país. Muñoz señaló que estos incrementos en las tarifas se repiten en otras actividades en los terminales portuarios, y recordó que Chile le ofrece a Bolivia almacenar gratuitamente los contenedores durante quince días, pese a que esto no está incluido en el tratado de 1904. Por el manejo de la carga de un contenedor de 20 pies, el Puerto de Arica cobra 93,5 dólares y la agencia boliviana 252 dólares, generando una diferencia de 170 por ciento.

“Si siguiésemos ese camino estaríamos en otra situación con respecto a Bolivia”, señaló. “En el pasado hemos escuchado amenazas que no se han concretado”. Estas declaraciones vienen después de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, asegurara que estudiarían demandar a Chile nuevamente por la merma económica de 2,7% anual que le produce no tener salida al mar. “Oficialmente no hay ninguna información”, precisó. “Yo diría que los países sin litoral, cuando no se desarrollan, por lo que ha dicho Robinson, es cuando fallan las instituciones”. Ambos países están enfrentados en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por la demanda marítima boliviana y por una controversia acerca de la naturaleza de las aguas del Silala, que Bolivia considera manantiales propios y Chile un río internacional al que tiene derecho.