Cuando más fuertes soplan los vientos políticos contra la revolución bolivariana, más fuerte arrecia la táctica del miedo, una de las favoritas del chavismo. Tanto es así que Nicolás Maduro ha ordenado a sus ministros que remuevan de inmediato de sus cargos a los funcionarios públicos que firmaron para revocarlo.

“No puede haber en cargos directivos en ministerios, instituciones públicas, gobernaciones o alcaldías personas que están en contra de la revolución y del presidente”, clamó Jorge Rodríguez, enviado especial del “hijo de Chávez” al Consejo Nacional Electoral (CNE), dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el encargado de transmitir las consignas del Palacio de Miraflores.

El presidente citó a los ministros de Alimentación, Industrias Básicas, Banca y Finanzas, Trabajo y Despacho de la Presidencia para que las personas señaladas, que aparecen en los listados del CNE tras la recolección de firmas contra Maduro, entreguen sus cargos en 48 horas. “Esos son los que maltratan al pueblo, los que retrasan los procesos, los que esconden los papeles, estos son los que no le dan la cara al pueblo en el momento de una necesidad o un obstáculo”, añadió el también alcalde de Caracas, que sugirió la posibilidad de enviar a otro “destino laboral” a los señalados.

En las listas figuran todos aquellos “que de forma pública expresan su cercanía con la derecha venezolana y que participaron en el proceso de autorización para la activación del fenecido referéndum revocatorio”.

El chavismo se niega a celebrar el referéndum revocatorio, temeroso de perder el poder, como señalan todas las encuestas. La oposición ha convocado para la semana que viene la denominada “Toma de Caracas”, una protesta a nivel nacional para presionar al gobierno y que pretende ser histórica.

El chavismo ejecuta así una nueva operación de hostigamiento, ya tradicional en la revolución. Las miles de personas que firmaron contra Hugo Chávez antes del revocatorio de 2004 fueron incluidas en dos listas, llamadas Tascón y Maisanta. Unas listas que se vendían incluso en puestos callejeros y que provocaron el despido de empleados públicos y el apartheid social de todos aquellos que pretendían becas, subvenciones, pensiones o ayudas del Estado.