Es la primera vez que desde la Justicia dan una opinión sobre qué pasó con Nisman la noche del 18 de enero del año pasado cuando fue encontrado muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero con un disparo en la cabeza, cuatros días después de haber denunciado a la entonces presidente Cristina Kirchner, al canciller Héctor Timerman y a otras personas de su gobierno de encubrir a los acusados del atentado a la AMIA. Hasta ahora tanto la fiscal del caso, Viviana Fein, como la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini habían dicho que no descartaban ninguna hipótesis de suicidio u homicidio.

Con su dictamen, Saénz adhirió a las posturas de las dos querellas de la causa –las hijas de Nisman Iara y Kala, por un lado, y la madre del fiscal, Sara Garfunkel– que sostienen que el fiscal fue asesinado por su trabajo en la investigación del atentado a la AMIA y por eso el caso debe ser investigado por la justicia federal y no la de instrucción.

Saénz presentó su dictamen en la Sala VI de la Cámara del Crimen, integrada por los jueces Marcelo Lucini, Mario Filozof y Rodolfo Pociello Argerich, que el próximo 18 de marzo realizará una audiencia para decidir en qué fuero debe tramitar el expediente.

Si la Cámara avala el cambio, la causa pasará a los tribunales de Comodoro Py, el fuero más político donde tramitan las causas de corrupción. Es el mismo fuero donde actúa Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman, pero en distinta jurisdicción ya que ella es magistarda de San Isidro.

En su dictamen, Saénz –uno de los fiscales que impulsó el año pasado la marcha del silencio para recordar a Nisman– sostuvo que a su criterio hay varios elementos para considerar que su colega fue asesinado y que ese crimen se dio “en un contexto de zona liberada…. para neutralizar su actuación profesional”.

Entre esos elementos, resaltó que el arma que produjo la muerte de Nisman deja residuos de disparo pero en la mano del fiscal no se encontró ninguna deflagración. “Por ende, no caben dudas ya de que no fue Alberto Nisman quien disparó el arma que le dio la muerte, lo que necesariamente lleva a concluir que fue víctima de un homicidio”, sostuvo.

También destacó las declaraciones como testigos de las entonces diputadas nacionales Patricia Bullrich y Laura Alonso, del dirigente de la comunidad judía y legislador del PRO Waldo Wolff y de los custodios de Nisman y su secretaria Soledad Castro, respecto de que el fiscal, “lejos de hallarse angustiado o deprimido, se encontraba satisfecho, de buen ánimo, plenamente convencido de la justicia de sus acciones, y abocado a la presentación que iba a efectuar ante los legisladores aquel 19 de enero”.

El fiscal señaló la “seria presunción de que el fiscal fue asesinado” al enumerar algunos resultados periciales: la localización del disparo, el hematoma en la zona occipital izquierda del cráneo, la lesión en la cara interna del tercio distal de la pierna izquierda, las declaraciones del médico y la enfermera de Swiss Medical que ingresaron al departamento y dijeron que el cuerpo de Nisman fue movido y que el contenido de su celular fue borrado.

Sáenz volvió a apuntar contra Diego Lagomarsino, el técnico informático que le dio el arma a Nisman de la que salió el disparo con el que murió. Para el fiscal debe estar imputado por la muerte y no solo por la entrega del arma.

La jueza Palmaghini rechazó a mediados de enero el pedido para que la causa pase al fuero federal por considerarlo “prematuro” ya que no hay elementos que determinen que Nisman fue asesinado en función de su rol como fiscal del caso AMIA.

La magistrada también sostuvo que restan medidas de prueba por realizar en la causa, entre ellas una junta interdisciplinaria con expertos en criminología. Además, el próximo lunes está previsto que vuelva a declarar el ex agente de inteligtencia Antonio “Jaime” Stiusso, tras su regreso al país.

“El lineamiento elucubrado por las querellas no debe ni puede transformarse en un medio para apartar a la justicia de instrucción del conocimiento de la causa que por ley le ha sido atribuida”, había dicho Palmaghini en su resolución.

Para la jueza, “el pensar de los pretendientes parece ajustarse más bien a deseos personales tendientes a lograr que la encuesta peregrine por una única y estrecha dirección: la hipótesis del homicidio, atada a su vez de manera casi matemática a la actividad funcional de quien en vida fuera, como se sabe, un Fiscal de la Nación”.