El Gobierno español presentó este miércoles un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que pide la suspensión de la propuesta independentista del Parlamento catalán y solicita que se advierta a una veintena de altos cargos de esa región que pueden ser suspendidos si no cumplen sus mandatos.

El Tribunal Constitucional ha convocado para hoy mismo, a las 16.30 horas de ese país, el pleno que estudiará y previsiblemente admitirá a trámite la impugnación del Gobierno, lo que supondría la suspensión con efecto cautelar de la resolución del Parlamento catalán y de todos sus efectos.

 

El Parlamento catalán aprobó el pasado lunes una iniciativa secesionista que pretende avanzar hacia una “república catalana” con 72 de los 135 escaños de la Cámara: los 62 votos de Junts pel Sí (Juntos por el sí) -grupo del presidente catalán en funciones Artur Mas- y los diez de la CUP (radicales de izquierda).

Tras aprobarse el plan, el Gobierno activó los trámites legales para recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, tal como ha hecho hoy. El presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, en una comparecencia tras la presentación del recurso, afirmó que “cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia” y recalcó que defenderá “con firmeza” el respeto a la soberanía popular y la unidad de la nación.

Entre los cargos electos susceptibles de ser suspendidos están el presidente en funciones del Ejecutivo catalán y la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, así como los miembros de Mesa de la Cámara y los del gobierno autonómico.

La reforma legal del funcionamiento del Tribunal Constitucional, aprobada el pasado mes, establece “un régimen específico para los supuestos de incumplimiento” de sus resoluciones. Podrá imponer multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento, o encomendar al Gobierno de la Nación, aun en funciones, la ejecución sustitutoria, dice la norma citada. Rajoy reconoció en su comparecencia que desearía una “rectificación” por parte de los líderes políticos catalanes que han protagonizado el proceso soberanista y que están “quebrando todo”.

No obstante, dejó claro que no aceptará que se “liquiden” las normas de convivencia y la Constitución aprobada por la inmensa mayoría de los españoles, y recalcó que si no se cumplen en Cataluña las resoluciones del Constitucional y se sigue vulnerando la ley, actuará “con firmeza” y con “proporcionalidad”.