Las expectativas eran altas. Minutos antes de las nueve de la noche y vistiendo un sobrio traje negro, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, terminó con la incertidumbre en materia de reforma a la Constitución. La jefa de Estado informó que el Ejecutivo tomó la decisión de optar por la vía institucional para realizar cambios a la Carta Magna, iniciando en los próximos días un proceso de educación cívica que concluirá con el envío de dos proyectos de ley en 2016 y 2017 para materializar los cambios, todo sujeto -eso sí- a la aprobación ciudadana vía plebiscito.

Todo lo anterior, tira por la borda un proceso constitucional como Asamblea Constituyente que tanto quería la ultra izquierda, como también elimina las aspiraciones de quienes querían destruir la actual Constitución que tanta estabilidad ha dado a Chile.

A continuación, desde el tercer mes de 2016 se realizará un proceso “ordenado” de diálogos ciudadanos partiendo a nivel comunal para terminar con una síntesis a nivel nacional que será entregada a la jefa de Estado en octubre del mismo año, proceso que será supervisado por un consejo ciudadano de observadores que nombrará pronto la Presidenta.