La Jefa del Estado habl por cadena nacional, para informar sobre los mecanismos que se utilizarán, para comenzar su proceso constituyente para una nueva Constitución Política.  La gobenante descalificó la Constitución existente, ya que ésta nació en el Gobierno Militar y según ella, no cuenta con la legitimidad correspondiente. “Debemos basarnos en la solidez de nuestras tradiciones jurídicas y, al mismo tiempo, dar curso a nuestra capacidad de avanzar hacia una sociedad más abierta y moderna”, sentenció.

El proceso constituyente avanzará por dos vías, una que tiene como fin la generación de un “Proyecto de Nueva Constitución”, fundado en las “Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución”, y la segunda es el mecanismo para elaborar la Nueva Constitución.

El “Proyecto de Nueva Constitución” será ingresado al Congreso a inicios del segundo semestre del 2017 y se fundará –como se señaló– en las “Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución”, un documento elaborado a partir de un proceso que se iniciará en los próximos días, con una etapa de educación cívica, que durará hasta marzo del próximo año. Luego, a partir de marzo del 2016, se realizarán diálogos ciudadanos, primero a nivel comunal, después de provincias, regiones, para finalizar con una síntesis nacional que será entregada a la Presidenta en octubre de 2016. El proceso será vigilado por un Consejo Ciudadano de Observadores que “dé garantías de transparencia y equidad”, según dijo la Jefa de Estado. El “Proyecto de Nueva Constitución” deberá ser aprobado por el Congreso.

El segundo carril del proceso contempla que a fines del 2016 se envíe al Congreso un proyecto de reforma de la actual Constitución “para que, por dos tercios de sus miembros en ejercicio, establezca los procedimientos que hagan posible dictar una nueva Carta Fundamental. En esta reforma, propondremos al actual Congreso que habilite al próximo para que sea él quien decida, de entre cuatro alternativas, el mecanismo de discusión del proyecto enviado por el Gobierno y las formas de aprobación de la nueva Constitución”, dejando en manos de los actuales parlamentarios la responsabilidad respecto de la forma de implementación.

La Mandataria establece que hay cuatro alternativas: formar una Comisión Bicameral de Senadores y Diputados; una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos; una Asamblea Constituyente; y, finalmente, la convocatoria a un plebiscito, pero la decisión del mecanismo recaerá en el nuevo Parlamento elegido en el 2017, la que deberá ser tomada por una mayoría de tres quintos.

Para el abogado constitucionalista y precursor de la Nueva Constitución, Fernando Atria, la respuesta del Gobierno es “la manera en que se debe afrontar la discusión pública”. El experto rescata la decisión del Ejecutivo de no reducir el tema a una reforma constitucional y que “aquí se puede comenzar a discutir la diferencia entre una reforma constitucional y una nueva Constitución”.