El académico dirigió las causas judiciales para detener a violentistas en la araucanía. Agregó que los datos enviados por Colombia se indagaron en profundidad, pero faltó un apoyo político adicional.

Antes de dejar su cargo de fiscal regional de La Araucanía en 2013, Francisco Ljubetic, fue un actor principal en las investigaciones para identificar a los autores de los hechos de violencia en la IX Región. Desde ese cargo, no sólo indagó atentados y crímenes como el del matrimonio Luchsinger Mackay, sino que también mantuvo un estrecho vínculo en la causa por supuesto financiamiento e instrucción militar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) habrían realizado a grupos radicales de la zona del conflicto mapuche.

En entrevista con La Tercera, el ex fiscal y actual vicedecano de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Temuco, detalla aspectos poco conocidos de las causas que indagó, las pruebas que confirmarían los vínculos con guerrillas extranjeras y la falta de herramientas legales para afrontrar este caso que se inició en 2009 con el traspaso de información entre los gobiernos de Colombia y Chile, y donde su fiscalía jugó un rol clave para detectar a las agrupaciones violentistas que operaban en la IX Región.

¿Cómo se llegó a los antecedentes que vinculaban a las Farc con grupos radicales en la zona mapuche?

(Sebastián Piñera y una delegación) llegó con esta información, la cual deriva del bombardeo a un campamento de las Farc, entonces la fiscalía de Colombia, a través de los agentes policiales, lograron recuperar los discos duros y discos duros externos. Hicieron una revisión de todo este material y lo que entregaron a Chile fue un dossier con información relacionada con los correos electrónicos que decían relación con nuestro país. Había también material relacionado con otros países. No recuerdo si la investigación estaba abierta o se abrió en la Fiscalía de Pudahuel, a cargo de Emiliano Arias, quien investigaba la posibilidad de que algunos grupos  nacionales pudieran tener financiamiento externo, y que de eso derivara algún delito de asociación ilícita o financiamiento al terrorismo (…). A partir de eso, se indaga la posibilidad de que personas de la etnia mapuche, y en particular, los que están involucrados en algunos hechos (de violencia), habían viajado a Colombia a perfeccionarse en materia de guerrilla rural.

Quienes viajaron al extranjero ¿tenían condena o eran indagados por hechos de violencia en la IX Región?

Hay varios que habían sido condenados por otros hechos y no guardaban relación con este tema.

¿Por qué no prosperó esa investigación?

El gobierno colombiano pidió la extradición de (Manuel) Olate (el entonces militante PC que viajó al campamento de las Farc y se sacó fotografías con Raúl Reyes, fallecido líder de la agrupación), primero sosteniendo que estaba vinculado con las Farc, a partir de la célula que dirigía en Chile con su nombre ficticio ‘Roque’, de manera de poder hilar las conversaciones por correos electrónicos entre Raúl Reyes y otros, más ‘Roque’, que es como firmaba los correos. La Corte Suprema colombiana declaró que las evidencias recogidas en los campamentos bombardeados eran ilegales, por cuanto estos campamentos se ubicaban en territorio ecuatoriano, estaban a un kilómetro de la frontera para evitar que la policía o las tropas del Ejército colombiano los detectaran (…) Esa prueba no sirvió ni en Colombia ni en Chile para fines procesales, pero como información, en la IX Región, las incorporamos como prueba en dos investigaciones donde se ofertó la declaración de tres policías, quienes iban a declarar como prueba de contexto contra las personas que iban a ser condenadas por un ataque al bus Turbus y un caso de Victoria. Estas podían tener su preparación y perfeccionamiento en sus viajes (al extranjero) y luego traspasarlos, para ponerlos en práctica en acciones violentistas en La Araucanía.

Durante su cargo como fiscal regional, ¿encontró evidencia de instrucción paramilitar de grupos violentistas?

Hay casos donde se detectó entrenamiento paramilitar de grupos en la IX Región. Lo puedo afirmar, dije que había una especia de guerrilla rural porque en eso consiste: grupos que se reúnen y planifican ataques. Todo esto se confirmó con la emboscada que le hicieron al fiscal (Mario) Elgueta y a la comitiva policial, donde se logró establecer que fue un lugar escogido, donde los fusileros que atacaron a la comitiva se encontraban en un paredón superior, o sea dispararon en altura, y después uno ve una cartilla (de las Farc) y se ve cómo se tiene que hacer un ataque de emboscada y el dibujo es exactamente igual a cómo ocurrió en ese caso.

¿Cuándo se detectó este entrenamiento en el exterior?

El primer caso en que se vio una preparación distinta, y que daba a pensar que existía algún tipo de preparación, fue el ataque al matrimonio Luchsinger, a Jorge, en junio de 2005. Esa vez el matrimonio fue sacado de su vivienda, quemaron casas de varias personas. Los atacantes estaban vestidos de negro, con botas, mimetizados, con armamento al cinto. Era un grupo absolutamente coordinado, con un jefe central que impartía instrucciones y que casi no hablaban. Luego hubo otro ataque, a un campamento forestal en Lumaco, cerca de Traiguén, en 2009, donde los trabajadores del campamento fueron sacados por un grupo armado, vestido con botas y que tenía armamento. Los atacantes se fueron trotando de dos en dos. Luego, a unos 200 metros del lugar, detuvieron a un motociclista, que era un trabajador forestal que cuando vio el humo, pensó que podía ser un incendio en el campamento. Y cuando se enfrentó a estas personas, lo atajaron y le quemaron la moto.

¿Qué conclusiones sacaron de esos hechos?

Ahí se pudo corroborar que había actividades paramilitares concretas. Son dos casos muy claros en orden a la forma de actuación y grupos organizados, una célula con una planificación previa, con tareas asignadas, con una jefatura. Los testigos dicen que uno de los que dirigía tenían acento extranjero, las presunciones eran de que esta persona era peruana o boliviana y nosotros lo indagamos.

¿Cómo actuaban estos grupos?

El grupo o célula, en la forma en que desarrolla la acción es muy parecida: en muy breve tiempo. Por lo tanto, la reacción policial es brevísima. Además, actúan en lugares alejados, de noche, generaban los espacios necesarios para la impunidad y actuar encubiertos.

¿Cómo habría influido la preparación paramilitar en los hechos de violencia en la zona del conflicto?

Se da cuenta de que estos grupos tenían apoyo de otra naturaleza. Las armas ya no eran la excepción, sino que era la regla general. Todas las personas que participaban en estos hechos de violencia andaban armadas, cosas que años atrás no sucedían. Hay una evolución del conflicto y justamente los años que salieron estas personas con destino a Colombia, disminuyeron sensiblemente los hechos de violencia. Y luego -al ver las estadísticas- empiezan a suceder los hechos de mayor gravedad en la región. Hasta ese momento, los episodios que ocurrían eran tomas de fundo, algunos incendios más o menos grandes, pero luego comenzaron los ataques que tenían otro carácter, y de la ruralidad se pasaron a la Ruta 5 y comenzaron la quema de camiones.

¿Qué tan útil fue la información enviada por Colombia donde alertó de estos vínculos?

Sirvió. Hay una relación directa, si bien son todas presunciones, ya que no hay testigos en los hechos y tampoco en Colombia les sacaron fotos -a diferencia de (Manuel) Olate. Esas eran actividades de preparación clandestinas, pero que les permitía a estos grupos radicalizados adquirir otros elementos para realizar actividades en sus propios países. Es como si fueran a hacer un máster al extranjero y luego llegan a aplicar esos conocimientos. Uno de los datos interesantes que justifica esta salida (de Chile) y su entrenamiento, es que ninguno de estos individuos fue a trabajar a ese país. No tenían recursos de ninguna naturaleza para estar por mucho tiempo ni en Ecuador ni en Colombia, pagarse los viajes y estadía. Ahí está la presunción de que fueron recibidos, mantenidos y devueltos a su país.

¿Se identificó a las personas que viajaron a Colombia y Ecuador?

La PDI hizo los análisis a través de Extranjería de cada uno de los pasos fronterizos, y hay algunas que salen solas y otras en pareja. Casualmente son personas de la IX Región y de la VIII Región (…) Hubo participación en estos ‘máster’, y luego regresaron para especializar a otros. Y lo más probable es que hayan ejercido jefaturas del punto de vista paramilitar.

¿Si el caso en Colombia no hubiese fracasado, se podría haber condenado a alguien en Chile?

Se les podría haber ligado en una especie de asociación ilícita para los efectos de cometer delitos en Chile. Y la prueba derivada de estos correos electrónicos y alguna declaración que acreditara presencia efectiva allá. Esa era la forma procesal de poder traer la prueba y después reproducirla en los juicios que correspondieran acá en Chile y que en definitiva fuera entendido como una especie de trabajo realizado específicamente para cometer delitos acá

¿Se pudo hacer algo más para mejorar los resultados de la investigación en Chile?

Este caso tiene un problema legal, y es que se podría haber investigado por la Ley Antiterrorista -porque en Chile se sanciona la asociación ilícita terrorista- y, eventualmente, alguno de los delitos podía tener ese carácter. También se podría haber investigado a través de la Ley de Seguridad del Estado, que permite indagar ilícitos que puedan afectar la seguridad exterior de Chile a través de estos grupos que, eventualmente, pueden ser preparados en el extranjero y que luego pueden cometer delitos acá (…) El esfuerzo investigativo se hizo. El esfuerzo que hizo la Fiscalía de Pudahuel con Emiliano Arias fue muy intenso. Incluso, autorizados por el fiscal nacional, viajaron a Colombia, tomaron declaraciones a policías que después serían los testigos en las causas en Chile. Hubo toda una disposición investigativa para llegar a un resultado. A lo mejor pudo existir algún apoyo adicional desde el punto de vista político, diplomático. Y mirándolo con el tiempo, uno puede decir que sí, había cosas que estaban fuera del alcance de la fiscalía.

¿Cómo cuáles?

Hay cuestiones que excedieron al Ministerio Público en relación a decisiones y políticas de los respectivos gobiernos y eso obviamente que es una variable que se tiene que considerar. No digo que no se hicieron las cosas, digo que eventualmente las evaluaciones no llevaron a concluir necesariamente que había que aportar en otro sentido o hacer otras acciones en la misma línea.