Los medios argentinos se han ido enterando respecto de la forma en que su país y su mandataria, son vistos por el mundo.

El sitio de 100 reporters coloca en segundo lugar en su lista de mandatarios más corruptos a la presidente argentina, Cristina de Kirchner, justo debajo del sandinista nicaragüense, Daniel Ortega. En su descripción de la presidente argentina, la ONG pone:

“Incluso antes ser elegida presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner carga con la niebla de la corrupción. En el caso más famoso, un emisario de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, fue descubierto en el aeropuerto de Buenos Aires con un maletín lleno de US$ 800.000 en efectivo, destinado, según le contó más tarde al FBI, para apoyar la candidatura presidencial de Kirchner (Cristina). Kirchner negó la acusación. En Argentina, muchos cuestionan la enorme fortuna acuulada por Cristina de Kirchner y su esposo Néstor desde que asumió el cargo público. Su declaración de patrimonio personal asciende a US$ 13.800.000, frente a los US$ 500.000 que ostentaban cuando la pareja entró por primera vez la política nacional. Kirchner cita ingresos de bienes raíces y hoteles que la pareja había comprado para explicar el porcentaje de rendimiento en la cartera de inversión 2600 de la pareja. Observadores de corrupción se quejan de que su gobierno ha neutralizado la supervisión del gobierno, dando mensajes de auditoría a compinches comprometidos por conflictos de intereses. El resultado: los casos de corrupción tienen un promedio de 14 años para pasar a través del sistema, según el Centro sin fines de lucro para el Estudio y la Prevención de los Delitos Económicos, y sólo 15 de 750 casos han dado lugar a condenas”.

El panorama presentado por 100 reporters coincide con la percepción actual de la sociedad de que la corrupción es sistémica en el gobierno de Cristina de Kirchner. En una nota titulada “La macrocorrupción”, Sergio Serrichio hace para El Litoral un raconto de los princiales casos de corrupción del gobierno nacional en la era kirchnerista:

“A casi diez años de gestión kirchnerista, la acumulación de indicios y evidencias de corrupción es tan abrumadora como la escasa disposición de la Justicia a investigarla y la férrea determinación oficial a negar, ocultar e intentar evadir las consecuencias de un accionar que ya alcanzó dimensiones macroeconómicas.

La sola enumeración de escándalos de corrupción es espantosa

Desde las dádivas que recibió, los lujos inexplicables que se dio y los multimillonarios subsidios que manejó durante cinco años el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, hasta la bolsa de dinero en el baño ministerial de Felisa Miceli. Todo mientras la infraestructura del transporte se deterioraba hasta la decadencia, como mostró trágicamente la masacre ferroviaria de Once.
Desde la valija cargada de dólares del valijero venezolano Guido Antonini Wilson, hasta los negociados en el comercio bilateral con Venezuela que denunció el ex embajador Eduardo Sadous.

Desde la transformación de un organismo de Derechos Humanos (la Asociación Madres de Plaza de Mayo) en una constructora mediante la cual una Fundación de objetivos loables (la Misión Sueños Compartidos, para la construcción de viviendas sociales) recibió fondos por 765 millones de pesos y créditos presupuestarios por más de 1.200 millones, que nadie controló y de los que nadie se hace responsable, hasta los aportes financieros a la campaña presidencial 2007 de Cristina Fernández de Kirchner de droguerías investigadas por vender medicamentos truchos.

Desde la venta del 25 % de YPF promovida por Néstor Kirchner y realizada por Repsol a la familia Eskenazi (dueña de los bancos de Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ríos, en todos los casos por operaciones hechas al calor del kirchnerismo) a través de una compañía radicada ¡¡¡en Australia!!! y mediante un contrato que permitió (entre 2008 y 2011) distribuir 142 % de las utilidades de la compañía, hasta el Boudougate, en el que el vicepresidente de la Nación fogoneó el “rescate” de Ciccone, la empresa que imprime la moneda argentina, por parte de un inverosímil monotributista, y cuando el negociado salió a la luz, el gobierno resolvió, igual que en el caso YPF, reestatizar la compañía y “recuperar” soberanía.

El gran vehículo

Ninguno de los ejemplos anteriores alcanza, sin embargo, la dimensión del gran vehículo de corrupción del último decenio: los sobreprecios en la Obra Pública. El gráfico adjunto, elaborado por el economista Federico Muñoz, muestra la evolución de dos variables “macroeconómicas”,
De un lado, la del valor presupuestario de la obra pública a precios constantes (esto es, despejada la inflación), que elabora la Dirección Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Planificación Federal, que encabeza Julio de Vido. Y del otro, la de la obra pública medida en términos físicos. Esto es, una suerte de síntesis de cuántos puentes y kilómetros de rutas se construyeron, cuántos de tendido eléctrico, de gasoductos, etc., que surge de promediar dos rubros del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac) que publica el Indec: Obras Viales y Obras de Infraestructura.

Evolución comparativa

Para comparar la evolución de ambas variables, Muñoz tomó como punto de partida, o “base”, el año 1993. El gráfico resultante muestra que hasta 2004 ambos indicadores fueron más o menos en sintonía. Ambos reflejan, por ejemplo, la recesión del fin de la convertibilidad. A partir de 2003 ambos índices van para arriba. Es lógico, diría el relato: se hizo mucha obra pública. Pero mientras ésta se duplica en términos físicos, en términos presupuestarios (excluida la inflación) se cuadruplica. La inmensa brecha que se abre entre ambas curvas resulta de que, en promedio, en los últimos diez años el costo medio de la obra pública por unidad física se duplicó.

No hay que ser muy perspicaz para intuir que la principal razón de esa brecha son los sobreprecios. Un fenómeno sobre el que hubo muchas denuncias e indicios (caso Skanska, construcción de cárceles, reparaciones ferroviarias, tendido eléctrico, planes de vivienda) pero que sólo el impacto del programa de TV de Jorge Lanata, al mostrar la desfachatez de un Leonardo Fariña o el enriquecimiento de un Lázaro Báez, convirtió en tema diario de conversación. Que ese canal de corrupción se refleje en las variables “macro” es inédito. Ni el menemismo lo había logrado. Son sumas de dinero asombrosas. En 2012, por caso, la inversión pública en la Argentina fue del 4,5 % del PBI, unos 90.000 millones de pesos. Cualquier porcentaje de “mordida” son miles y miles de millones.

Los sobreprecios en la obra pública son tan groseros que ya se reflejan en las variables macroeconómicas. Malas noticias de afuera. Y peores compañías.

Malas noticias, peores compañías

En dosis homeopáticas, la corrupción también se refleja en noticias que llegan de afuera. Al reciente reconocimiento de Ralph Lauren (y al previo de Siemens) de pago de coimas en la Argentina y a las sospechas en investigaciones sobre prácticas corruptas en que habría incurrido Embraer (que en 2010 vendió 20 aviones a Aerolíneas), deben sumarse casos como el de Ball Corporation, que en 2011 pagó 300.000 dólares de multa tras reconocer ante la justicia de EE.UU. que entre 2006 y 2007, a través de su subsidiaria Fornametal, pagó coimas en decenas de ocasiones en la Argentina. O como el de Helmeridge & Payne, que en 2009 pagó 440.000 dólares de multa en castigo por sobornos que entre 2003 y 2008 pagó a la aduana argentina para ingresar equipos de perforación petrolera.

Son casos en los que las coimas fueron reconocidas en sede judicial, pero ni la justicia ni el ejecutivo de la Argentina se dieron por enterados.