Michelle Bachelet, presentó el jueves una nueva y estricta declaración de patrimonio para funcionarios gubernamentales, en una de las primeras medidas para combatir la corrupción, en medio de una crisis de credibilidad que afronta el mundo político.

“Ser servidor público es un tremendo honor, y debe tener como contraparte responsabilidades equivalentes en materia de transparencia y rendición de cuentas. En una república que se plantea el perfeccionamiento de su democracia no podemos contentarnos con los estándares de lo estrictamente legal. Los chilenos y chilenas demandan conductas idóneas”, dijo Bachelet en acto público.

El instructivo exige a los funcionarios y autoridades del Estado declaraciones de patrimonio íntegras, completas y veraces.

“La declaración de patrimonio e intereses deberá ampliarse a todas a las actividades profesionales y económicas del declarante”, agregó.

La declaración de patrimonio deberá entregarse antes del 30 de abril de 2015. Desde 2016, deberán actualizarse permanentemente a autoridades y funcionarios con salarios mensuales por sobre los 6.000 dólares.

En la actualidad se entendía como un gesto de probidad, aunque es voluntario, la entrega de un informe detallado de los bienes que posee una autoridad gubernamental en el momento anterior a ingresar al gobierno, no obstante, dado el carácter amplio y genérico de su presentación, en la práctica no aportaba información precisa sobre el patrimonio de una futura autoridad.

La declaración de patrimonio se vio envuelta en cuestionamientos, luego de conocida una polémica operación comercial del ex director socio cultural de la Presidencia e hijo de la jefa de Estado, Sebastián Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon, en plena elección presidencial en 2013, un negocio de especulación inmobiliaria, que revelado por la prensa, desató una crisis política en el gobierno.

Dávalos y su esposa gestionaron personalmente a través de su empresa Caval, un millonario crédito de unos 13 millones de dólares, ante Andrónico Luksic, unos de los dueños del principal banco del país y conductor de uno de los grupos económicos más poderosos del país, obteniendo lo solicitado días después del triunfo electoral de Bachelet.

El dinero fue destinado a un negocio inmobiliario que entregó a la pareja unos 6 millones de dólares en utilidades y sobre el cual también pesan dudas respecto a un eventual uso de información privilegiada.

Ante el revuelo que desató el caso, Dávalos renunció a su puesto como director Socio Cultural de la Presidencia, una función similar a las de Primera Dama.

El hijo de Bachelet siempre se negó a presentar su declaración de patrimonio y cuando lo hizo, en febrero pasado ya una vez desatada la polémica, fue desacreditada por inverosímil.

“Yo seré la primera en dar cuenta al país a partir de este nuevo estándar. Hoy debemos poner al servicio público la vara más alta”, dijo la mandataria.

El instructivo forma parte de las medidas prioritarias para enfrentar los cuestionamientos al sistema político tras el caso que involucra su hijo y el caso Penta, una indagación judicial que tiene en vilo a los principales líderes de la oposición de derecha.

Penta, un banco que transfería altas sumas de dinero en forma irregular a líderes de la oposición y que tiene a dos importantes banqueros en prisión y a Pablo Wagner, ex subsecretario (viceministro) de Minería durante el gobierno de Sebastián Piñera.

“Las soluciones a las situaciones que hemos visto en el último tiempo deben ser institucionales, porque sólo con instituciones legítimas y acorde a los tiempos puede mantenerse sólida a la democracia”, dijo Bachelet.

“Responder a los estándares de transparencia y probidad que la ciudadanía legítimamente demanda para reforzar la vigencia del contrato social que nos constituye como nación y que da gobernabilidad. El Estado de Chile se debe a esa fe pública, al respeto, la pertinencia y la idoneidad de las instituciones. Y ese es el pacto de confianza que debemos renovar”, añadió.