Dos horas duró la primera cuenta pública del segundo mandato de  Michelle Bachelet ante el Congreso Pleno, en la cual reafirmó los compromisos contenidos en su programa de gobierno y defendió la importancia de la serie de reformas tributarias, educacionales y políticas que pretende llevar a cabo.

Durante su discurso, la Mandataria recalcó que dichos cambios serán realizados con “gobernabilidad” y “paz social” y enfatizó que el sello de su administración será la concreción de transformaciones de fondo, las cuales mostrarán sus efectos en el largo plazo, sin mencionar voluntad de cuerdos, pero si llamando friamente a un entendimiento con la oposición, empresarios, iglesia y muchas instituciones que critican la forma y fondo de sus reformas, las que han sido incluso calificadas como poco preparadas.

“Este será el sello de mi gobierno, emprender acciones de largo plazo y caminar hacia el desarrollo con la mirada en el horizonte, pero con la voluntad y la sabiduría de atender también a lo inmediato”, dijo al concluir su mensaje.

En ese sentido, abordó la tensa discusión que se ha desarrollado en el parlamento y la sociedad civil en torno a las reformas de La Moneda y recalcó que “gobernaremos dialogando con todos los sectores, las veces que sea necesario, pero con el objetivo claro de que como país debemos avanzar en una sociedad con menores desigualdades y que le dé más bienestar a todos y todas”.

El ámbito al que dedicó la mayor cantidad de tiempo fue laeducación, oportunidad en la que defendió los proyectos que ya envió al Congreso, -como el fin del lucro, el copago y la segregación- y en la que estableció plazos para algunas medidas como el envío del proyecto que crea dos universidades estatales en las regiones de Aysén y O’Higgins  antes del 19 de junio y la creación de la Superintendencia de Educación Superior, iniciativa que será ingresada el segundo semestre de 2014.

En cuanto a anuncios, Bachelet respondió a dos demandas históricas del movimiento estudiantil: la ampliación del beneficio que entrega la Tarjeta Nacional Estudiantil a los 365 días del año y la creación de una comisión de expertos que estudiará alternativas para ”aliviar la situación de aquellos que se endeudaron para estudiar”.

Además, reafirmó su intención de enviar un proyecto de ley que ponga fin a la municipalización de la educación general.

Tras ello, la gobernante explicó que los cambios en educación no podrán realizarse sin la reforma tributaria, cuya meta de recaudación es de 8.200 millones de dólares y que ya sorteó su primer trámite en la Cámara de Diputados, lo cual agradeció a los parlamentarios presentes.

Al respecto, pidió continuar el debate sin “caricaturas ni desinformando a los ciudadanos” y garantizó que la iniciativa no la pagará “la clase media ni la pequeña empresa, las que al contrario se verán beneficiadas por esta reforma”.

Asimismo, recalcó que el Gobierno está abierto al diálogo y al perfeccionamiento de las medidas, pero sin alterar el espíritu de la reforma. ”Cada cambio que hagamos al proyecto debe estar orientado por los objetivos centrales que esta reforma persigue”, dijo.

En esa línea, sostuvo que el Ejecutivo se “aplicará” para que las dudas y temores que genera la reforma sean despejadas durante la tramitación legislativa del proyecto.

La Presidenta se refirió brevemente además a las reformas políticas que espera desarrollar en su mandato, momento en el que puso énfasis en la necesidad de poner fin al sistema binominal y avanzar hacia una nueva Constitución, aunque no especificó el mecanismo ni los plazos a través del cual se llevará a cabo.

“La actual constitución, pese a todas sus reformas, aún arrastra una profunda desconfianza en la soberanía popular y en la capacidad de diálogo democrático de las personas. No queremos que esa sea la base de nuestro hacer público en la nación”, sostuvo.

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Antes de entrar en el análisis por ministerios, la Mandataria destacó el cumplimiento del 73% de las 56 medidas que comprometió para los primeros 100 días de su administración.

Tras ello, y pese a las críticas que el Ejecutivo ha realizado a la gestión de Salud del gobierno anterior, la Mandataria solo señaló que su administración se hará cargo de los “problemas heredados” y puso el foco en los pasos que dará para mejorar el sistema, con la “cartera de inversiones públicas en salud más grande de nuestra historia”.

Detalló a continuación su intención de terminar los 7 hospitales y 6 centros de salud familiar que quedaron pendientes, la construcción de 40 nuevos recintos durante su mandato y el inicio de otros 20 que quedarán en etapa de licitación, el aumento de 750 médicos especialistas para este año y la creación del Fondo Especial de Medicamentos de Alto Costo, conocido como “Ley Ricarte Soto”.

También se refirió a la necesidad de que Chile enfrente “una discusión madura, informada y propositiva” sobre elaborto, debatiendo en el parlamento un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en casos de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto. No comprometió plazos para el envío de esta iniciativa.

Llamó la atención que no hubo menciones respecto a temas de diversidad sexual, como el proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) ni al matrimonio igualitario.

Empleo, trabajo y pensiones, Bachelet destacó los planes de capacitación para mujeres y jóvenes que implementará a partir de este año y beneficiará a más de 450 mil personas y el envío de indicaciones al proyecto de Multirut. Asimismo, en relación a una de sus promesas de campaña anunció el envío del proyecto que creará una AFP estatal.

En medioambiente, y respondiendo a la demanda de los sectores ecologistas, destacó el envío de un proyecto para proteger los glaciares y su entorno.

SEGURIDAD, propuso el establecimiento de dos delitos asociados a la conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o lesiones gravísimas: uno simple y uno agravado, para mejorar la denominada “Ley Emilia”, que aún se encuentra en discusión en el parlamento.

En este item, subrayó el aumento de dotación de las policías, pero no hizo alusión al conflicto en La Araucanía, más allá de su intención de crear el nuevo ministerio de Asuntos Indígenas. Tampoco se refirió a la demanda del Ministerio Público sobre mayores recursos la seguridad de los fiscales.

La jefa de Estado dedicó largos pasajes de su discurso a la reconstrucción en el norte del país tras el terremoto y en Valparaíso a raíz del incendio de abril, detallando la ayuda que hasta ahora el Gobierno ha entregado y anunciando una nueva Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el  fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, de la Onemi, además de la capacitación para la prevención de la población civil.

Política exterior, la Mandataria reiteró su intención de fortalecer las relaciones con los países de la región. En esa línea, destacó su intención de que la demanda que Bolivia interpuso en la Corte de La Haya en contra de Chile no interfiera en otros ámbitos.

“Esperamos que nuestros países sean capaces de mantener la normalidad en el resto de los ámbitos de la relación bilateral. Con la misma tranquilidad debo señalar que la política exterior del país continuará basándose en el respeto del Derecho Internacional, y que para Chile el Tratado de 1904, que definió las fronteras chileno bolivianas, debe ser respetado”,